Proyecto 2025 radicaliza deportaciones de la 'tolerancia cero' de Trump: quedan expuestas escuelas, iglesias y hospitales
El proyecto 2025, documento elaborado por más de 170 líderes conservadores y exfuncionarios del primer gobierno de Donald Trump, entre ellos Tom Homan -nominado para ocupar el cargo de zar de la frontera- y Stephen Miller -nominado para desempeñarse como subdirector de política de la Casa Blanca- contempla la aplicación de varias secciones, tanto de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) como del Código de Estados Unidos (US Code), para consolidar una política migratoria de ‘tolerancia cero’ más severa que durante el primer gobierno de Trump.
En caso de que el mandatario electo vuelve a dictar prioridades de deportación como las establecidas el 25 de enero de 2017, nuevamente convertirá a la totalidad de los indocumentados en criminales por el solo hecho de no tener papeles, una falta que, por ahora, sigue siendo de carácter civil, no criminal.
La estrategia, de la cual Trump trató de desligarse durante la campaña, pero tras ganar las elecciones del 5 de noviembre no existe razón alguna para apartarse de las recomendaciones hechas por la Fundación Heritaje, incluye una larga lista de derogaciones de programas, leyes y reglamentos, así como la aplicación de secciones que facilitarán al nuevo gobierno establecer las bases de una cuestionada política migratoria más severa que la implementada previamente.
Entre las derogaciones, el Proyecto 2025 incluye la Sección 235 de la Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de las víctimas de la Trata de Personas de 2008 (TVPRA), con el objetivo de que la totalidad de los niños no acompañados, independientemente de su nacionalidad, “puedan ser devueltos a sus países de origen de manera segura y eficiente”.
La TVPRA “solo permite la devolución de niños de países contiguos (Canadá y México), mientras que todos los demás menores no acompañados deben ser colocados en un proceso donde un juez de inmigración decide sus futuros en Estados Unidos, decisión que puede demorar meses y hasta años debido al atasco en la Corte de Inmigración (EOIR), que ya supera los 3.7 millones de casos.
La protección autorizada por el Congreso favorece la reunificación familiar en Estados Unidos mientras se llevan a cabo los procesos dentro del debido proceso migratorio.
La lista de eliminaciones
La lista de programas, reglas y beneficios que se recomienda sean cancelados, añade el Acuerdo Flores de 1997 que norma el trato y cuidados que el gobierno debe dar a los menores no acompañados detenidos en la frontera, reformar el asilo elevando los requisitos de calificación y eliminar la llamada libertad condicional, que permite a ciertos inmigrantes de baja prioridad de deportación esperar en libertad -en el marco del Programa Alternativo de Detención (ATD)- la resolución de sus casos en las cortes de inmigración.
También menciona la aplicación del Título 18 del Código de Estados Unidos, herramienta que cubre los delitos federales y el procedimiento penal permitiendo, además, aplicarlo “a cómplices de un delito”, y hace punible como autor “ayudar, instigar, aconsejar, ordenar, inducir o procurar la comisión de un delito contra los Estados Unidos.
El objetivo de la invocatoria, de acuerdo con la estrategia, es poder acusar a un extranjero de una serie de faltas para declararlo deportable y poder expulsarlo de manera acelerada, tal como hasta ahora han anticipado tanto Trump como Homan, cuando explican algunos detalles del plan de "deportaciones masivas" que será lanzado desde el primer día de ejercicio del nuevo gobierno.
El factor velocidad
Respecto al tema de la velocidad de implementación del plan de "deportaciones masivas", el Proyecto 2025 menciona que, para conseguir este propósito de manera eficaz, debe hacerse “a través de una acción ejecutiva que sea legal y apropiada”. Y agrega que, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), dependencia responsable de hacer cumplir sus autoridades penales y civiles, “debería eliminar las limitaciones autoimpuestas a su jurisdicción nacional” al tiempo de permitir “que los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la serie 1811 “deberían hacer cumplir los delitos de los Títulos 8 y 18 como la parte más importante de su cartera”.
“Están recomendando que las órdenes que emita el presidente electo cuando tome posesión del cargo, incluya reglas y normas redactadas de tal manera que no pierdan posibles demandas en los tribunales y que un juez las considere legales”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Quieren evitar lo sucedido en el primer gobierno, que los jueces fallaron en contra de sus políticas de cancelación de eliminación de programas (DACA, TPS y prohibiciones de entrada) porque consideraron que lo hicieron de manera caprichosa y arbitraria”.
El Proyecto 2025 agrega que el tráfico de inmigrantes, la trata y los delitos transfronterizos, tal como se definen en los Títulos 85 y 186, “deberían ser el foco de las operaciones del ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas)”. En cuanto a la serie 1811 mencionada en el documento, se trata de un conjunto de clasificación para investigadores criminales federales en Estados Unidos.
Señala que los agentes especiales de la serie 1811 se trata de funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley y están destinados en varias agencias, entre ellas la Oficina federal de Investigaciones (FBI), el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina de Investigaciones Especiales del DHS (HSI) y el Servicio Secreto. Todos ellos serían parte de una poderosa fuerza nacional que el nuevo gobierno planea utilizar para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas e históricas prometido por Trump y confirmado por el vicepresidente electo, JD Vance y Homan.
Delitos mencionados en el Título 18
La lista de delitos que caen bajo el Título 18 es extensa. Entre ellos, se incluyen faltas que hasta ahora no necesariamente declaran inisible o deportable a un extranjero, pero que en algunos casos pone en duda el buen carácter moral para optar a un beneficio migratorio disponible.
Las faltas, entre otras, incluyen: agresión, soborno, corrupción, conflictos de intereses, pensión alimenticia, manejar un transporte público bajo la influencia del alcohol o las drogas, desacato, falsificación, pertenencia a bandas callejeras criminales, malversación y robo, extorsión y amenazas, transacciones crediticias extorsivas, falsa personalidad, fugitivos de la justicia, acoso malintencionado, perjurio y disturbios.
El Proyecto 2025 recomienda además que “se debería aclarar el papel de los agentes de deportación del ICE” y que las operaciones de ejecución y deportación (ERO) de la agencia “deberían ser identificadas como las principales responsables de hacer cumplir las normas civiles de inmigración, incluido el arresto, la detención y la deportación de los infractores de inmigración en cualquier parte de los Estados Unidos, sin orden judicial cuando corresponda, sujeto únicamente a los requisitos de orden judicial civil de la INA cuando corresponda”.
También recomienda que “todos los memorandos de ICE que identifican 'zonas sensibles' donde el personal del ICE tiene prohibido operar, deberían ser rescindidos”. Esto significa que lugares como escuelas, hospitales e iglesias son potenciales blancos de redadas.
Por último, la estrategia conservadora dice que, para maximizar el uso eficiente de sus recursos, “ICE debe hacer un uso completo de las autoridades de deportación expedita (ER) existentes”. Y precisa que, los extranjeros a ser deportados de manera expedita “no debería estar limitado a las primeras 100 millas desde la frontera” porque “esto no es un requisito legal”.
El plan de deportaciones masivas del nuevo gobierno, según ha dicho Homan, el presidente electo JD Vance y el propio Trump, contempla la expulsión de entre 1 y 1.5 millones de extranjeros criminales en el primer año.
Dirigentes de organizaciones proinmigrantes ados por Univision Noticias dicen que están trabajando a nivel nacional construyendo redes de ayuda y dándole a los inmigrantes, sobre todos los recién llegados, información respecto a cómo deben prepararse para una redada, cuáles son sus derechos y que aprendan a conocer sus opciones legales para luchar por sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
Las deportaciones expeditas o aceleradas (Expedited Removal -ER-) fueron creadas por el Congreso en 1996 durante el gobierno de Bill Clinton y permite la deportación acelerada de ciertos inmigrantes con o sin papeles y se implementa hasta 100 millas de la frontera. En junio de 2019 Trump ordenó la publicación de un reglamento para expandir el programa a nivel nacional. La norma otorgó a los agentes de inmigración autoridad discrecional “completa” para colocar en proceso expedito de deportación a un extranjero, excepto en casos excepcionales y limitados.
Agenda de cambios “radicales”
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) define el Proyecto 2025 como una ruta que dibuja un camino para “reemplazar el estado de derecho por ideales de ala dura conservadora” que además incluye un plan “para una reestructuración radical del poder ejecutivo”.
Advierte que se trata de un documento que recomienda “reorganizar todo el gobierno federal, agencia por agencia, para servir a una agenda conservadora” y en cuanto al plan de deportaciones masivas, advierte que “se dirige a las comunidades inmigrantes mediante deportaciones masivas y redadas, eliminando la ciudadanía por nacimiento, separando familias y desmantelando el sistema de asilo de nuestra nación”.
Entre otras recomendaciones, el plan conservador incluye: continuar la construcción del muro en la frontera con México, militarizar la frontera, restaurar el Título 42, reinstalar el Programa Permanecer en México (MPP), aumentar la cantidad de centros de detención de inmigrantes, aumentar los requisitos para la inmigración legal, restringir aún más el asilo, cerrar la frontera, reducir las visas de estudiantes, limitar el programa de refugiados y establecer nuevas prioridades de deportación.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) señala que el Proyecto 2025 “plantea preocupaciones importantes, especialmente dado el enfoque actual orientado a la atención, que ya enfrenta acusaciones de abusos de los derechos humanos en los centros de detención”.
Añade que la detención a gran escala de inmigrantes, como la anunciada por Trump, “tendría implicaciones económicas de largo alcance. Los inmigrantes contribuyen con miles de millones de dólares en impuestos anualmente, a menudo sin recibir ningún beneficio, lo que significa que su expulsión perjudicaría a las empresas locales, afectaría los presupuestos estatales e impactaría negativamente a la Seguridad Social y otros programas basados en impuestos que dependen de estas contribuciones”.
Un reciente estudio del Consejo Estadounidense de Inmigración revela que la deportación masiva podría llevar a una asombrosa reducción de $1.7 billones de dólares en el producto interno bruto (PIB), lo que demuestra el impacto de eliminar de la economía a 11.1 millones de personas que pagan impuestos. Estas estimaciones no incluyen los beneficios que estas personas aportan a la economía como consumidores.
