Deportaciones de Trump: quiénes son los inmigrantes en la mira y qué ordena a las agencias federales
Las redadas y deportaciones prometidas por el presidente Donald Trump comienzan a perfilarse. El mandatario abrió camino en sus primeras órdenes ejecutivas y ya sus funcionarios han adelantado cómo ejecutarán esta controvertida política migratoria con la que aseguran que detendrán y expulsarán al menos a un millón de extranjeros en el primer año.
En sus operaciones de búsqueda de inmigrantes indocumentados, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas Aduanas (ICE) adelantó este martes que ya no respetará las llamadas "zonas sensibles" que estableció el gobierno de Joe Biden. Así que entrarán incluso a escuelas e iglesias, ordenó el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman.
"Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados", dijo el funcionario en un comunicado.
Aún con estos anuncios, las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han llamado por meses a que las comunidades migrantes conozcan sus derechos. Sobre todo en momentos en que se esperan redadas en al menos 17 ciudades, entre ellas Chicago.
Aunque aún hay muchas preguntas sobre cómo Trump ejecutará su mayor promesa de campaña y de dónde obtendrá los recursos para hacerlo, te explicamos qué contempla la orden ejecutiva 'Protegiendo a los estadounidenses de una invasión', qué han dicho en las últimas horas sus funcionarios y quiénes están en la mira de las agencias federales:
¿Qué inmigrantes son deportables?
Aunque el presidente no ha publicado sus prioridades de deportación, lo que adelanta en sus primeras órdenes luce similar a su primer gobierno. Prioriza a cualquier inmigrante que no haya sido itido por funcionarios en un puerto de entrada, a quienes tienen órdenes de deportación o a aquellos sin un estatus migratorio.
Este martes, el llamado 'zar de la frontera', Thomas Homan, amplió lo que plantea la orden en una declaración al canal de noticias FoxNews. Dijo que las operaciones de deportación ya empezaron y que funcionarios de ICE están en las calles con la orden de buscar a aquellas personas que representan una amenaza para la seguridad pública. "Son amenazas para la seguridad pública, aquellos que están en el país de forma ilegal y que han sido condenados, arrestados por delitos graves", dijo, al asegurar que entrarán incluso a jurisdicciones santuarios.
Un informe del American Immigration Council (AIC) calculó en meses anteriores que la cifra de deportaciones prometida por Trump podría abarcar a más de 13 millones de inmigrantes sin estatus legal permanente. Eso elevaba el costo de una operación de deportación a, por lo menos, 315,000 millones de dólares que el gobierno no tiene en su presupuesto. Eso sin contar con la capacidad en tribunales para procesar a una cantidad similar de personas y a la disponibilidad de espacios para albergarlos hasta que son deportados.
Sin embargo, el mandatario pidió en su orden, en principio, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tome todas las acciones necesarias para que ICE pueda detallar qué inmigrantes son prioridad de deportación y quiénes tienen órdenes finales de deportación que deben ser ejecutadas.
Exigió además al fiscal general y a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional que se priorice el procesamiento criminal de inmigrantes por entrada no autorizada al país o por presencia continua no autorizada en Estados Unidos.
La Ley Nacional de Inmigración ya establece la entrada ilegal al país como un crimen menor federal que se castiga con multa o hasta seis meses en prisión. Si una persona repite la entrada ilegal, se castiga con hasta dos años de prisión. En su primer gobierno, Trump ordenó poner énfasis en las acusaciones criminales para disuadir a los inmigrantes de cruzar la frontera por puntos no autorizados.
Según la organización Human Rights Watch, las imputaciones a inmigrantes que ocurrieron en el primer gobierno de Trump son diferentes a las que habían ocurrido en el pasado en cumplimiento de la ley. La peor consecuencia: al imputar de forma sistemática a padres viajando con niños, se generaron separaciones familiares sin precedentes en la frontera. Al menos 3,000 niños fueron separados de sus padres y puestos en custodia del gobierno federal.
Más centros de detención y funcionarios
En junio de 2024, ICE ya había anunciado un aumento de su capacidad operativa para deportar de forma expedita a más inmigrantes: realizaba 29 vuelos de deportación a la semana —con miras a que fueran más— y buscaba incrementar el número de camas disponibles en centros de detención que, para entonces, era de 41,500.
En su orden ejecutiva, Trump pide además al DHS tomar "todas las medidas necesarias y destinar todos los recursos legales disponibles o establecer contratos de construcción, operación, control o uso de instalaciones para detener a extranjeros deportables" por el mayor tiempo que permite la ley. Datos del AIC señalan que para diciembre de 2019 la detención en ICE se extendía en promedio unos 55 días. Pero puede más largo para aquellos que son detenidos mientras se resuelve su caso en una corte de inmigración: estos pueden quedar por seis meses o más en custodia de la agencia.
Hace una semana se conoció que ICE está evaluando propuestas de empresas privadas para expandir su capacidad de detención de inmigrantes en al menos ocho estados, no sólo en instalaciones tipo cárceles sino también en carpas o espacios temporales. La noticia se originó por una petición de información pública de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) a la agencia federal.
La cooperación con autoridades locales
Como en su primer gobierno, Trump instruyó al fiscal general y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional a evaluar el bloqueo de fondos federales para aquellas comunidades autocatalogadas como santuarios para proteger a inmigrantes.
Al mismo tiempo, llama a que ICE firme más acuerdos 287 (g) con autoridades locales para que sus agentes ejerzan funciones propias de oficiales de inmigración. Esta cooperación permite que la agencia pueda asociarse con las autoridades estatales y locales para "identificar y remover a extranjeros encarcelados por crímenes y que son susceptibles de expulsión", explica el Departamento de Seguridad Nacional.
Hasta diciembre de 2024, ICE tenía acuerdos 287 (g) con 60 agencias locales en 16 estados, según cifras del DHS.
La cooperación de "países recalcitrantes"
Entre ellos está Venezuela, un país con el que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas, lo que dificulta la deportación de sus ciudadanos.
Trump instruyó al DHS y al Departamento de Estado para negociar que estos países puedan recibir a sus ciudadanos. De lo contrario, pide que se consideren nuevas sanciones.
