Congresista republicana reintroduce plan que ofrece visa temporal a indocumentados
Una congresista republicana de Florida reintrodujo este martes un plan de reforma migratoria que incluye una vía legal temporal de legalización para inmigrantes indocumentados que llevan un tiempo en Estados Unidos y carecen de antecedentes criminales.
El proyecto, denominado The Dignity Act (Ley Dignidad), fue presentado la primera vez en marzo del año pasado con el aval del senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur), pero no llegó a ser debatido en ninguna de las dos cámaras por falta de apoyo de ambos partidos.
La oferta de legalización incluye una visa de permanencia temporal con autorización de empleo válida por 5 años. Al término de ese tiempo el indocumentado podrá renovar su estatus por otro período igual de tiempo (10 años en total), previa verificación de antecedentes criminales.
El plan también incluye reiniciar los contratos fronterizos y completar la construcción del muro fronterizo iniciado durante el gobierno de Donald Trump.
“Este es un momento histórico para el país porque estamos tocando uno de los asuntos más importantes y urgentes que los estadounidenses deben enfrentar”, dijo la congresista por Florida.
“Es la primera vez que un miembro en su primer año en el Congreso elabora un proyecto de ley tan masivo como una ley de reforma migratoria por sí misma, sin la ayuda de nadie”, indicó.
Para ser aprobado en la Cámara de Representantes el proyecto de Salazar requiere 218 votos del pleno donde los republicanos solo tienen 212. Siendo así y al no conocerse copatrocinadores, la iniciativa no sería considerada en la sesión legislativa de este año y permanecerá en la gaveta de temas pendientes para el próximo Congreso.
Otros puntos del plan
La Ley Dignidad, además de incluir un camino de legalización temporal para millones de indocumentados que llevan al menos 5 años en el país y carecen de antecedentes criminales, señala que “pone fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos de una vez por todas, restablece la ley y el orden, y revitaliza la fuerza laboral estadounidense”.
El proyecto incluye el pago de una multa de $10,000 por concepto de permanencia indocumentada. La cuota deberá pagarse cada año con un pago de $1,000. Los beneficiarios pagarán, además, un impuesto del 2% de los ingresos que obtengan, fondos que serán destinados para proyectos de seguridad fronteriza.
Salazar explicó que la iniciativa “restaura la economía de Estados Unidos”. Aseguró que “si la economía no crece, el sueño americano morirá”. Y aseguró que su plan “combina disposiciones que han sido aprobadas en congresos anteriores sobre el tema migratorio”, y que el “tiene disposiciones que han recibido apoyo bipartidista en la última década”.
El 18 de marzo del año pasado la Cámara de Representantes, con apoyo bipartidista, aprobó dos iniciativas der ley que, a diferencia del proyecto de Salazar, incluyeron un camino a la ciudadanía para la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.
Los beneficiarios de ambos planes son dreamers, trabajadores esenciales, campesinos y titulares del Estatus de protección Temporal (TPS).
Los dos proyectos permanecen estancados en el Senado por falta de apoyo republicano. Por su parte, los demócratas han intentado en tres ocasiones incluir el tema migratorio en el paquete de reconciliación del presupuesto de gasto social, pero la principal asesora de la Cámara Alta (Parlamentarian), Elizabeth MacDonough, ha rechazado la estrategia argumentando que la legalización de 6.5 millones de indocumentados aumentaría el déficit fiscal en $131,000 millones en 10 años”.
Seguridad fronteriza
El plan de Salazar también incluye asegurar la frontera, mejoras a la aplicación y mandatos del programa federal E- (que verifica el estatus legal de los trabajadores extranjeros y estadounidenses), reforma el sistema de asilo y protege a los jóvenes indocumentados que entraron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.
Según la congresista por Florida, la contratación de más agentes fronterizos “frena de una vez por todas la inmigración ilegal de manera rigurosa”, planteamiento similar al contenido en la política migratoria del gobierno anterior, quien también propuso eliminar por completo el cruce indocumentado.
Salazar dijo que para asegurar la frontera con México “contrataremos agentes, vamos a invitar a los veteranos (soldados retirados) y de la fuerza policial a que vengan y se unan a la Patrulla Fronteriza. Esa es la gente a quienes se les va a pagar mejor, mejores bonos y mejor paga”, aseguró.
El proyecto de ley también menciona entregar herramientas y políticas para combatir a los “traficantes sexuales de niños”, entre ellas el aumento de penas de cárcel, incuso para aquellos que cruzan ilegalmente la frontera.
Cabe recordar que, en 2018, durante el gobierno anterior, el Departamento de Justicia levantó cargos criminales a inmigrantes que cruzaban indocumentados la frontera en busca de asilo, un recurso legal disponible. La cuestionada política, vidente durante meses se forma secreta, causó la separación forzada de miles de familias.
Salazar dijo que el cruce ilegal, una vez esté aprobada la Ley Dignidad, enviará a la cárcel por muchos años a quienes se atrevan a entrar sin autorización al país.
El ‘catch and release’
Al igual que Trump, Salazar también propone poner fin a la política del ‘catch and release’ (capturar y liberar), que permite detener, procesar y soltar a inmigrantes de bajo riesgo que vienen en busca de asilo, para que esperen en libertad la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración.
La política también aplica a los menores de edad protegidos bajo el amparo del Acuerdo Judicial Flores de 1997, que no permite la deportación inmediata niños sino que exige que sean los jueces de inmigración quienes decidan sus futuros en el país.
Trump consideró tanto el Acuerdo Flores de 1997, al igual que una ley de 2008 sobre prevención de tráfico humano, como “lagunas” en la ley de inmigración que impedían la aplicación de su política de ‘tolerancia cero’. Y acusó a los inmigrantes, sin pruebas, de abusar deliberadamente de estas protecciones legales para pedir asilo en Estados Unidos.
Salazar dijo que para evitar la puesta en libertad de inmigrantes que sean detenidos en la frontera, “vamos a crear centros de procesamiento y habrá lo último en tecnología” Y que los detenidos no permanecerán en estos centros “más de 180 días”.
Los dreamers
En cuanto a los dreamers, Salazar dijo que “los soñadores tendrán un camino especial. Les vamos a dar dignidad, pero según la propuesta de ley, pueden ir por el camino de la redención y no tendrán que esperar cinco años” para tener un estatus permanente asegurado.
También dijo que el congreso seguirá debatiendo sobre planes ya aprobados, como la Ley de Sueños y Promesas, para que los dreamers no tengan que esperar 10 años y puedan “convertirse en estadounidenses”.
El proyecto también contempla incorporar la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola (H.R. 693) que ya fue aprobada por la Cámara de representantes, “pero con algunos cambios y añadiendo más gente quitándole la estacionalidad”, apuntó Salazar.
El plan también menciona que los indocumentados que califiquen deberán pagar de su bolsillo todos los gastos que incurran en el proceso de legalización.
En cuanto al futuro inmediato del proyecto de ley, la congresista republicana por Florida dijo “busca encontrar un terreno común entre los republicanos y los demócratas” para hallar una solución al problema de los indocumentados y sellar las fronteras.
Pero luego hizo una audaz declaración partidista, afirmando que su proyecto era "la carta de invitación para los morenos, los hispanos... dándoles la bienvenida al Partido Republicano", sobre todo en este año de elecciones de medio término.
