Abrego García, Lozano-Camargo y O.C.G.: 3 casos que simbolizan los errores en las deportaciones del gobierno de Trump
A finales de abril, el ‘zar’ fronterizo Tom Homan aseguró que más de 139,000 inmigrantes fueron deportados de Estados Unidos durante los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump. Pero, frente a estas cifras, varios jueces han criticado que varias de estas expulsiones se llevaran a cabo sin el debido proceso o sin tener en cuenta las circunstancias particulares de los afectados.
En tres casos recientes, se ha evidenciado que el gobierno de Trump cometió errores en el proceso de deportación.
Daniel Lozano-Camargo, venezolano con una solicitud de asilo pendiente, también fue deportado a la misma prisión, a pesar de contar con una protección legal.
Por último, O.C.G., un hombre guatemalteco, fue deportado a México y luego a Guatemala en febrero, aunque un juez había determinado que su deportación ponía en riesgo su seguridad debido a su orientación sexual.
En todos estos casos, los jueces ordenaron el regreso de los inmigrantes a EEUU y criticaron las fallas en el proceso de deportación. Sin embargo, no son en absoluto los únicos que han sido cuestionados en la corte por supuestas vulneraciones del debido proceso e irregularidades en la expulsión.
Por ejemplo, un juez federal de Houston ordenó la semana pasada al gobierno de Trump que confirmara en 24 horas el paradero de Widmer Josneyder Agelviz Sanguino, un joven venezolano que se cree que fue deportado a la "megacárcel" de El Salvador, y que garantizara que el inmigrante pudiera tener o con sus abogados en un plazo no mayor a 48 horas.
Pasado ese tiempo, sin embargo, el gobierno no había acatado la orden y presentó una apelación, lo que pausa la decisión del juez hasta que escuche los argumentos del Departamento de Justicia.
En su caso, también estaba pendiente una petición de asilo en EEUU. Sus familiares denuncian que fue detenido por sus tatuajes tan pronto como aterrizó de manera legal en el país el otoño pasado.
Kilmar Abrego García, inmigrante deportado por un error istrativo
Abrego García, un joven salvadoreño de 29 años que había llegado a EEUU a los 16 años y vivía en Maryland con su familia, fue deportado al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador (CECOT) el pasado mes de marzo.
En 2019, un juez de inmigración le había otorgado una protección para no ser enviado de regreso a El Salvador. Explicaba que, de ser deportado, el salvadoreño podría ser objeto de persecución por parte de los pandilleros de Barrio 18, que lo amenazaron a él y a su familia.
Sin embargo, el gobierno de Trump lo deportó igualmente a la polémica prisión, fuertemente cuestionada por defensores de Derechos Humanos, para posteriormente reconocer que se trató de un “error istrativo”.
Abrego fue arrestado en el estacionamiento de una tienda, mientras su hijo pequeño lo esperaba dentro del automóvil, a pesar de tener un permiso de trabajo y una orden judicial que garantizaba su permanencia en el país.
El gobierno de Trump argumentó que tenía vínculos con la pandilla MS-13, aunque nunca presentó evidencia suficiente para respaldar esa acusación.
Por su parte, la jueza que supervisa el caso, Paula Xinis, ordenó al gobierno que tomara medidas para garantizar el regreso de Abrego a EEUU, criticando la falta de acción del Departamento de Justicia.
Aunque el gobierno aseguró inicialmente en que no tenía capacidad de sacarlo e El Salvador por encontrarse bajo custodia de un gobierno extranjero, Trump elevó su desafío a los tribunales posteriormente cuando aseguró en una entrevista con ABC News que "podría" traerlo de vuelta a EEUU, pero que no pensaba hacerlo.
En abril, Xinis pidió que los funcionarios federales informaran, bajo juramento, las acciones que habían tomado para facilitar su repatriación. Sin embargo, la istración Trump se negó a proporcionar detalles, asegurando que algunas de las informaciones solicitadas estaban protegidas por el privilegio de secreto de Estado.
Xinis desestimó este argumento, señalando que no había justificación suficiente para ocultar información clave y exigiendo una mayor transparencia sobre el proceso.
La jueza también cuestionó la postura del Departamento de Justicia, quien insistió en que la divulgación de información comprometía la seguridad nacional y las relaciones diplomáticas. Pero Xinis rechazó su alegato, calificando la respuesta del gobierno de “mala fe”.
A pesar de la presión judicial, el gobierno de Trump se ha mostrado firme en su posición de no facilitar el regreso de Abrego.
Daniel Lozano-Camargo, un inmigrante deportado pese a una solicitud de asilo en curso y acuerdo legal que impedía su expulsión
Originario de Maracaibo, Venezuela, Lozano-Camargo llegó a EEUU en 2022, cuando tenía 17 años. Al ingresar sin documentos, fue enviado a un centro para menores inmigrantes, donde permaneció hasta que cumplió 18 años.
Después se instaló en Houston, Texas, donde se encargaba de un negocio de lavado de autos. Sin embargo, su situación migratoria se complicó tras dos arrestos por posesión de drogas en Texas en 2024.
En junio fue detenido por tener entre uno y cuatro gramos de cocaína y, tras no presentarse a una cita judicial en octubre, se revocó su libertad condicional. En noviembre fue arrestado nuevamente, esta vez por poseer menos de un gramo.
El pasado mes de enero, se declaró culpable como parte de un acuerdo con la Fiscalía y fue sentenciado a 120 días de cárcel. Después de cumplir parte de esa condena, fue entregado a las autoridades de inmigración.
Pese a que Lozano-Camargo contaba con un permiso de trabajo vigente y una solicitud de asilo en curso, lo cual legalmente lo protegía de ser expulsado del país, el gobierno de Trump lo deportó en marzo al CECOT por su supuesta vinculación con la pandilla venezolana Tren de Aragua.
El joven formaba parte de una demanda colectiva presentada en 2019 en nombre de inmigrantes que llegaron a EEUU como menores no acompañados y después pidieron permanecer en el país mientras se tramitaban sus solicitudes de asilo. Un acuerdo alcanzado entre ambas partes el año pasado concluyó que no podían ser deportados hasta terminarse dicho proceso.
Por ello, la jueza Stephanie Gallagher dictó en abril que esta deportación violaba este acuerdo legal previo, por lo que insistió en que el gobierno debía cumplirlo y facilitar su regreso a EEUU.
El gobierno de Trump, por su parte, intentó justificar la deportación alegando que Lozano-Camargo estaba excluido de la protección legal debido a su supuesta vinculación con el Tren de Aragua. Sin embargo, no se presentó evidencia pública que lo vinculara con esta organización.
La istración también afirmó que aunque volviera, la solicitud de asilo de Lozano-Camargo sería rechazada, pero la jueza Gallagher rechazó este argumento. Subrayó que el proceso de asilo no podía ser adelantado sin una resolución definitiva, y que Lozano-Camargo tenía derecho a presentar su caso en territorio estadounidense.
O.C.G, inmigrante deportado a pesar de una protección judicial por su orientación sexual
Un inmigrante guatemalteco identificado como O.C.G. fue deportado de EEUU a México y luego a Guatemala, a pesar de que un juez de inmigración había determinado que no podía ser expulsado a su país de origen debido al temor de ser perseguido por su orientación sexual.
O.C.G. denunció que había sido secuestrado y violado en México previamente, lo que lo llevó a solicitar protección. Sin embargo, acabó siendo trasladado sin el debido proceso. En su demanda aseguró que fue subido a un autobús en Arizona junto con otros 20 hombres y deportado a México, sin saber que se dirigía a ese país
Finalmente, el 25 de febrero, O.C.G. fue deportado a Guatemala, donde se encuentra actualmente escondido.
El gobierno de Trump reconoció que los documentos oficiales sobre su caso contenían un error, ya que inicialmente afirmaron que O.C.G. había asegurado no temer ser deportado a México.
Sin embargo, tras una revisión del expediente, el gobierno itió que la declaración jurada era falsa, pues no pudieron encontrar un testigo que confirmara la versión oficial.
El juez Brian Murphy falló a favor de O.C.G. y solicitó que se facilitara su regreso a EEUU, ya que no se le permitió explicar por qué su deportación a México sería peligrosa.
Dio al gobierno de plazo hasta este miércoles para que informe qué ha hecho para facilitar su regreso. Dejó claro en su decisión que el caso de O.C.G es menos complicado que el de los expulsados a El Salvador , ya que no estaba siendo retenido por ningún gobierno extranjero.
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