Trump advierte que si gana utilizará a la policía local para arrestar y deportar indocumentados: ¿puede hacerlo?
El virtual candidato presidencial republicano Donald Trump advirtió este martes que, de ganar los comicios de noviembre y regresar a la Casa Blanca, utilizará a las policías locales en los esfuerzos para perseguir, arrestar y deportar a millones de inmigrantes indocumentados.
En una entrevista concedida a la revista Time y reproducida en otros medios, el exmandatario reiteró su ataque a la inmigración indocumentada. En anteriores declaraciones ha dicho que ordenará detenciones masivas en campos de concentración, deportaciones expeditas y cierre de fronteras para poner fin a flujo migratorio en la frontera sur, aunque vengan en busca de asilo.
Trump también ha dicho que en sus planes de deportaciones masivas se incluye la movilización del Ejército a lo largo y ancho del país para arrestar a millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.
Según datos del Centro de Investigaciones Pew, en Estados Unidos viven unos 10.5 millones de indocumentados. De ellos, poco más de 4.1 millones son de origen mexicano, algunos de los cuales llevan décadas en el país y no califican para ningún tipo de regularización bajo la ley migratoria actual.
Poco más de 2 millones que han ingresado a Estados Unidos durante el gobierno de Biden y solicitado asilo, sus casos fueron referidos a la Corte de Inmigración (EOIR), cuyos jueces en promedio tardarían entre 3 y 4 años en resolver una acumulación de más de 3.5 millones de expedientes.
“Vamos a utilizar a la policía local”, dijo Trump en la entrevista, “porque la policía local los conoce por su nombre, su primer nombre, su segundo nombre y su tercer nombre. Quiero decir, los conocen muy bien”.
El sitio Huffington Post, que publicó una nota con la entrevista y las advertencias de Trump, precisó que los presidentes de Estados Unidos no tienen la autoridad para ordenar a los departamentos de policía locales y estatales que apliquen políticas de inmigración dirigidas por el gobierno federal.
Cuando se le preguntó al candidato republicano que detallara sus planes de arresto y deportación masiva de extranjeros, amenazó vagamente con que podrían perder dinero federal si no desempeñaban un papel en su represión.
“Existe la posibilidad de que algunos no quieran participar y no formar parte de los beneficios”, dijo el virtual candidato republicano. "Tenemos que hacer esto. Este no es un problema sostenible para nuestro país”, apuntó.
La amenaza no es nueva
Si bien el candidato no detalló cómo forzaría a las policías locales a colaborar y participar en sus planes de grandes arrestos y deportaciones masivas de extranjeros, tampoco hizo referencia que un plan similar esgrimió durante su primer gobierno entre 2017 y 2021.
Cinco días después de asumir el control de la Casa Blanca, Trump firmó dos órdenes ejecutivas antiinmigrantes, una que criminalizó a los millones de indocumentados que viven en el país y otra para construir un muro a todo lo largo de la frontera sur. También estableció nuevas prioridades de deportación que puso a más de 10 millones de personas en la mira.
Los decretos, además, le permitieron lanzar de manera secreta un plan de separaciones forzadas de familias inmigrantes en la frontera desde el 11 de abril de 2017 y que todavía hoy no se sabe cuántos niños en total fueron separados de sus padres y cientos no han sido reunificados.
Trump también canceló la Acción Diferida para los Llegados de la Infancia de 2021 (DACA), decretó prohibiciones de viaje para ciertos extranjeros provenientes de países de mayoría árabe, eliminó Programas de Protección Temporal (TPS) y lanzó un programa para devolver a México a más de 80 mil peticionarios de asilo a esperar la resolución de sus casos en tribunales estadounidenses.
Sin embargo, la mayoría de sus estrategias fueron desestimadas tras demandas en los tribunales de justicia, quienes en varios fallos determinaron a favor de los argumentos de los demandantes, quienes alegaron que Trump había actuado de manera caprichosa y arbitraria e irrespetado la Ley de Procedimiento istrativo (APA).
Bajo la ley APA, cualquier cambio a un reglamento o partes de una legislación, primero debe publicarse en el Registro Federal y abrir espacio para el comentario público. Terminado ese plazo, el gobierno debe redactar y publicar un reglamento final que regule la medida o programa que quiere llevar a cabo.
¿Puede Trump usar a la policía local para deportar?
“No directamente”, advierte Ángel Leal, un abogado constitucionalista y de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Sin embargo, existe una ley, la Sección 287(g) (de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA), que permite la colaboración entre entidades de policía locales y estatales con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia ¡federal encargada de las deportaciones y que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Desde el punto de vista de promover esa ley, de firmar acción ejecutiva para implementar la Sección con distintas localidades y estados, desde ese punto de vista si es factible hacerlo”, dice Leal. “Pero debe primero cumplir con la Ley de Procedimiento istrativo y probablemente enfrentar las demandas que serán presentadas por defensores de los derechos de los inmigrantes, como ocurrió durante su gobierno”.
Leal también dijo que, en base a lo que ha dicho hasta ahora Trump, “se espera que tome acciones en esta dirección si gana los comicios de noviembre. Pero también se espera que habrá demandas y nuevamente veamos argumentos basados en el uso de decisiones caprichosas y arbitrarias. Pero todo ello dependerá de las jurisdicciones donde se presenten las querellas. Sin duda habrá litigios, pero quizás esta vez no finalicen con el mismo resultado”.
A mediados de junio de 2019 Trump hizo una amenaza similar: prometió que su gobierno deportaría, a partir de la semana siguiente, “a millones de extranjeros ilegales que han entrado ilícitamente a Estados Unidos. Los deportaremos tan rápido como entren”, precisó.
Pero, como esta vez, no aportó detalles respecto a cómo lo haría, qué recursos humanos utilizaría, cuánto costaría implementar la medida y de cuánto dinero disponen las agencias federales de inmigración para hacerlo. Y como no hubo respuestas, surgieron decenas de preguntas e inquietudes que no tuvieron respuesta.
Un informe del Center for Immigration Studies (CIS) fechado en agosto de 2017, reveló que el costo promedio de una deportación es mucho menor que el drenaje fiscal neto creado por el inmigrante ilegal promedio. Sobre la base de informes proporcionados por ICE, el costo promedio de deportación fue de $10,854 en el año fiscal 2016, un incremento del 71% al costo de 2012 cuando era de $5,915.
El programa 287(g)
La base de datos de ICE revela que en febrero de 2024 la agencia tenía activos los acuerdos 287(g) JEM (dentro de las cárceles) con 61 agencias encargadas de hacer cumplir la ley en 17 estados. Y un total de 75 acuerdos WSO (Modelo de Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto) en 11 estados.
La Sección 287(g) está incluida en la Ley de Inmigración (INA) de 1996 y fue activada por primera vez tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 por el entonces fiscal general, John Ashcroft, durante el gobierno de George W. Bush.
ICE explica que los acuerdos son “mutuamente beneficiosos” y permiten a oficiales estatales y locales a actuar como un multiplicador de capacidades en la identificación, el arresto y la entrega de órdenes de arresto y de retención de individuos extranjeros encarcelados con cargos o condenas penales”.
Agrega que aquellos quienes se consideran sujetos a deportación “son identificados mientras aún se encuentran seguramente bajo custodia estatal o local, potencialmente reduciendo el tiempo en que el no ciudadano pasa bajo la custodia de ICE”.
Las actuales prioridades de deportación indican que solo aquellos que constituyen una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza pueden ser expulsados. En caso de que Trump regrese a la casa Blanca, tendría que eliminar las actuales prioridades y restablecer las que dictó en 2017 u otras más restrictivas.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), reitera que durante años, los alguaciles son “conocidos por el racismo, la xenofobia y las violaciones de los derechos civiles” y han podido atacar a los inmigrantes en sus comunidades “al participar en el programa 287(g)”.
“Este programa es un conjunto de asociaciones entre ICE y las agencias policiales estatales y locales que efectivamente convierte a los funcionarios locales en agentes de inmigración. Y, aunque los alguaciles involucrados en este programa han cometido abusos bien documentados, incluso la istración Biden continúa asociándose con ellos (y empoderándolos)”, advierte.
