Corte de apelaciones permite mantener vigentes, por ahora, las restricciones al asilo impuestas por el gobierno de Biden
Una corte de apelaciones de Estados Unidos permitió el jueves que se mantenga en vigor una norma que restringe el asilo en la frontera sur, mientras prosigue un litigio contra las medidas implementadas en mayo pasado.
El de la corte decidió que las medidas, que incluyen un programa humanitario para los solicitantes de asilo de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba y Ucrania, continuarán vigentes mientras se desarrolla el proceso. Los jueces William Fletcher y Richard Paez, ambos designados por el presidente Bill Clinton, fallaron a favor de la suspensión pero no explicaron los motivos de su decisión. El juez Lawrence VanDyke, designado por el presidente Donald Trump, disintió.
La decisión supone una importante victoria para el gobierno del presidente Joe Biden, que había argumentado que la norma es crucial para sus esfuerzos por mantener el orden en la frontera entre Estados Unidos y México.
La nueva regla hace que sea extremadamente difícil que se conceda asilo a las personas a menos que primero busquen protección en un país por el que viajan de camino a EEUU o lo soliciten en línea. Incluye habitación para excepciones y no aplica para niños que viajen solos.
La decisión bloquea la orden del juez federal Jon S. Tigar de suspender las restricciones por considerar que violan las leyes de asilo de EEUU y ponen en grave peligro a los solicitantes.
Tigar falló el pasado 26 de julio a favor de una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que ha comparado las restricciones a los solicitantes de Biden con las emitidas por el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021).
El fallo ordenaba al gobierno que pusiera fin a su uso antes del próximo lunes, por lo que el gobierno acudió rápidamente al tribunal de apelaciones pidiendo que se permitiera seguir aplicando la norma mientras se dirime su legalidad en las cortes.
Por qué están en contra de las nuevas medidas de asilo de Biden
La nueva regla de asilo se puso en marcha en mayo. En ese momento, EEUU estaba poniendo fin al uso de una política diferente llamada Título 42, que había permitido al gobierno expulsar rápidamente a los migrantes sin permitirles solicitar asilo. El propósito declarado era proteger a los estadounidenses del coronavirus.
La istración estaba preocupada por una oleada de inmigrantes que llegan a EEUU después del Título 42 porque los inmigrantes finalmente podrían solicitar asilo. El gobierno dijo que la nueva regla de asilo era una herramienta importante para controlar la migración.
Los grupos de derechos humanos presentaron una demanda, diciendo que la nueva regla ponía en peligro a los migrantes al dejarlos en el norte de México mientras esperaban para obtener una cita en la aplicación CBP One que el gobierno está utilizando para otorgarles a los migrantes la oportunidad de llegar a la frontera y buscar asilo.
Los grupos argumentaron que las personas pueden solicitar asilo independientemente de dónde o cómo crucen la frontera y que la aplicación del gobierno es defectuosa. También argumentan que la nueva regla de asilo es esencialmente un reinicio de dos reglas anteriores presentadas por el presidente Donald Trump que buscaban limitar el asilo, el mismo punto al que aludió el juez VanDyke en su disidencia.
La demanda busca "un retorno por parte del Gobierno al proceso legal, lo cual significa que, cuando una persona llega a un puerto de ingreso o cruza (la frontera) entre esos puertos, tiene el derecho de pedir asilo y que de que se escuche su caso", explicó a la agencia Efe Katrina Eiland, directiva de ACLU, cuando se presentó la querella legal.
El juez Tigar había dado un plazo de 14 días al Gobierno de Biden para apelar su fallo antes de suspender las restricciones.
Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo la semana pasada sobre el caso que el Gobierno de Biden está dispuesto "a pelear… y a llegar a la Corte Suprema si fuese necesario".
En el pasado, la ACLU se alzó con una victoria contra las medidas impuestas por el Gobierno de Trump que restringía la posibilidad de pedir asilo a los migrantes que hubieran pasado antes por otros países, donde debían presentar sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia EEUU.
Según los demandantes estas reglas "operan tal como lo hicieron las vedas de asilo del gobierno anterior".
