México aceptará a más inmigrantes cubanos y nicaragüenses deportados por EEUU
El gobierno de México acordó recibir a más inmigrantes de origen cubano y nicaragüense deportados de Estados Unidos bajo el Título 42, una polémica política sanitaria activada en marzo de 2020 por la pandemia y que la Casa Blanca planea cancelar el 23 de mayo.
Funcionarios mexicanos y estadounidenses que hablaron con el diario The Washington Post mencionaron la existencia de un acuerdo entre ambos gobiernos alcanzado a finales de abril.
El acuerdo le permitiría al gobierno de Joe Biden bajar la presión en la frontera con México, donde en abril las autoridades federales de inmigración detuvieron a más de 234,000 extranjeros indocumentados. En marzo la cifra fue de poco más de 221,000.
A su vez, el gobierno de México tiene mayor libertad para planificar vuelos de deportación a Cuba y Nicaragua, países que debido a la existencia de frías relaciones con Washington limitan severamente la capacidad de Estados Unidos para devolver a sus ciudadanos, dice el diario.
El número de inmigrantes cubanos y nicaragüenses detenidos a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos ha alcanzado niveles récord en los últimos meses, poniendo en aprietos al gobierno de Biden.
De los poco más de 234,000 detenidos en abril, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), unos 35,000 correspondieron a inmigrantes cubanos. Otros 12,500 eran originarios de Nicaragua, cifra inferior a los 16,000 hallados en marzo.
Conversaciones a puertas cerradas
Las pláticas entre los gobiernos de México y Estados Unidos se llevan a cabo a puertas cerradas, una especie de carrera contra el tiempo para detener la llegada de miles de inmigrantes diariamente a la frontera entre ambos países antes de la cancelación del Título 42.
Encabezadas por los secretarios de Estado, Anthony Blinken, y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, y por el canciller mexicano Marcelo Ebrad, las conversaciones permitieron que los funcionarios mexicanos acordaron recibir de vuelta a una cantidad significativamente mayor de cubanos y nicaragüenses, esto de acuerdo con
tres funcionarios estadounidenses.
The Washington Post dijo que otros funcionarios conocedores de las negociaciones entre ambos países confirmaron los acuerdos.
Uno de ellos dijo que el gobierno mexicano le pidió a Estados Unidos que se abstenga de devolver cubanos y nicaragüenses en ciertas áreas, como el concurrido Sector Del Río de la Patrulla Fronteriza, en Texas, donde ambos países carecen de capacidad de procesamiento.
Sin embargo, el funcionario estadounidense dijo que la cantidad de cubanos y nicaragüenses que regresan probablemente sea de miles.
A su vez, altos funcionarios mexicanos dijeron que el acuerdo se alcanzó el 26 de abril y que México estaba aceptando “números muy limitados” de cubanos y nicaragüenses. “Esto se hizo debido al aumento exponencial de llegadas de ambos países a México y Estados Unidos”, precisó un alto funcionario mexicano.
Detalles del acuerdo
El diario Los Ángeles Times reportó, citando a la agencia The Associated Press, que el acuerdo incluye la deportación de 100 cubanos y 20 nicaragüenses diariamente a través de la frontera entre San Diego a Tijuana.
Agregó que la misma cantidad de personas de ambas nacionalidades también serán expulsadas aceleradamente bajo el marzo del Título 42 en dos lugares adicionales ubicados en Texas.
Las deportaciones aceleradas bajo el Título 42 fueron implementadas la tercera semana de marzo del 2020 como parte de las medidas de salud pública para controlar y evitar la propagación del coronavirus.
La medida permite a los agentes fronterizos deportar de manera acelerada a extranjeros incluso a solicitantes de asilo, afectando severamente el debido proceso migratorio, donde por lo general un juez de inmigración es quien decide el futuro del peticionario de asilo en Estados Unidos.
Desde que la vieja política que data de 1944 fue activada, unos 2 millones de inmigrantes que venían en busca de asilo par sido deportados en la frontera con México.
El anuncio de cancelación
A finales de marzo la Casa Blanca anunció que se preparaba para eliminar el Título 42 una vez que los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) indicaran que podía hacerlo debido a que las medidas de control de propagación del coronavirus habían dado resultados positivos y había disminuido el riesgo de infecciones principalmente debido a las vacunas y la realización de pruebas.
El DHS anunció luego que el Título 42 dejaría de estar operativo a partir del 23 de mayo, pero advirtió que eso no significaba que la frontera quedaría abierta, sino que el gobierno continuaría deportando de manera acelerada, pero bajo la implementación del Título 8 de la Ley de Inmigración (INA).
La Casa Blanca reitera que el Título 42 se trata de una medida de seguridad sanitaria que no debe ser implementada como regla migratoria porque daña el debido proceso migratorio. Y que la ley de inmigración seguirá siendo implementada en la frontera para manejar adecuadamente la crisis.
Sin embargo, ha advertido que el Congreso debe trabajar en modernizar la ley, asignar los recursos necesarios para manejar el problema y aprobar una reforma migratoria que permita legalizar a los 11 millones de indocumentados que se encuentran en Estados Unidos.
Una de las soluciones aportada por la Casa Blanca se haya en el presupuesto de gasto social que incluye una partida de $100,000 millones para asuntos de inmigración, incluyendo seguridad y manejo de la situación en la frontera. El plan, sin embargo, permanece estancado en el Senado por falta de votos de ambos partidos.
Título 42 en el limbo
Poco después del anuncio de cancelación del Título 42, una corte de Louisiana emitió un fallo preliminar que prohíbe al gobierno cancelar la política prevista para el 23 de mayo.
Horas más tarde la Casa Blanca anunció que no tomará ninguna decisión sobre el futuro del Título 42 del Código de Estados Unidos en la frontera hasta después del 13 de mayo, cuando la corte que detuvo el desmantelamiento celebre una audiencia donde abogados del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) y de los estados demandantes entreguen argumentos.
“El 13 de mayo la corte escuchará argumentos sobre la decisión judicial preliminar de Arizona”, dio el viernes de la semana pasada la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. “Eso está programado para el 13 de mayo. Entonces, cualquier decisión sobre lo que sigue, por supuesto, la tomaría el Departamento de Justicia, pero no sucedería sino hasta después”, indicó.
Psaki dijo además que "el juez ha indicado que fallará desfavorablemente hacia la istración (para continuar con los planes de retirada de la política que restringe severamente el programa de asilo) en este momento, pero no sabremos (el siguiente paso) hasta que se tome una decisión y luego el DOJ proceda con las acciones legales”.
