Las promesas de inmigración de Trump: ¿qué puede hacer solo y para qué necesita el Congreso?

La Acción Diferida de 2012 para los Llegados en la Infancia (DACA) es uno de los programas de la Acción Ejecutiva aprobadas por Barack Obama que Donald Trump prometió revocar “de manera inmediata” tras su llegada a la Casa Blanca.

Se trata de una medida de la que se han beneficiado unos 800,000 jóvenes que entraron al país de manera ilegal siendo niños. La medida los protege de la deportación y les da un permiso de trabajo temporal por dos años. Trump puede suspender este programa sin la necesidad del Congreso y podría dejar a esos jóvenes en las sombras de nuevo.

Se refiere a la lista de prioridades que los agentes de inmigración aplican al buscar a personas indocumentadas para que sean detenidas y eventualmente deportadas. Donald Trump prometió acabar desde el primer día con los memorandos del presidente Obama y si lo hace con éste, de noviembre de 2014, podría acabar con la prioridad de detener primero y sobre todo a los indocumentados con antecedentes criminales. Pese a ello, Trump sí se ha referido más a este perfil de indocumentados.

Actualmente se prioriza a terroristas, pandilleros y otras personas que amenazan la seguridad nacional, seguido de personas con un largo historial de violaciones de inmigración, personas detenidas por manejar ebrias, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel.

El memorando Parole In Place (PIP) anunciado por Barack Obama en 2013 beneficia a los cónyuges, hijos y padres indocumentados del personal de las Fuerzas Armadas, la Reserva y quienes sirvieron en el pasado en el ejército estadounidense.

Aunque no ha sido mencionada directamente por Trump, al ser una de las acciones ejecutivas aprobadas por Obama, sería susceptible de ser revocada por Trump de manera inmediata.

Otra de las acciones ejecutivas anunciadas por Obama en 2014 fue el conocido como perdón 601 A, que permitía a ciertos inmigrantes indocumentados, cónyuges e hijos de residentes legales permanentes y ciudadanos pedir un perdón para salir del país con el fin de llevar a cabo el trámite consular que les permitiera volver a EEUU como inmigrantes y recibir la tarjeta de residencia (green card).

Antes de la aprobación de esta norma, las personas que salían a hacer un trámite consular debían permanecer fuera del país por varios años para cumplir con una sanción por el tiempo que permanecieron de manera ilegal en Estados Unidos. Al ser una acción ejecutiva, Trump podría revocarla de manera inmediata, desde el Despacho Oval, pero quienes ya han obtenido el beneficio (la residencia) lo mantendrían.

Trump promete eliminar los fondos federales para las ciudades santuarios, municipios que evitan cooperar con las autoridades de inmigración. No concreta si son ciudades que se hayan definido así o los grupos antiinmigrante las hayan catalogado de esta manera.

Según el jurista Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio en la Universidad de Cornell, Trump puede tomar, desde el Gobierno, algunos pasos en solitario, como el republicano afirma en sus promesas: las agencias federales pueden cortar el dinero destinado para estas ciudades en partidas presupuestarias ya aprobadas por el Congreso. Si son nuevos fondos, allí sí que el Congreso, con mayoría republicana en ambas cámaras, entraría en juego.

El presidente electo prometió: “El día 1 empezaremos a trabajar en un muro impenetrable, físico, alto, potente, bello en la frontera sur”. Pero, como indica su documento para los primeros 100 días, necesita el Congreso para lograr los fondos para construir más millas de muro. De hecho, en 2006, fue el Capitolio que, de forma bipartidista, aprobó la ley para que construyeran 700 millas de división física de las casi 2,000 que hay en total.

Con la mayoría de los republicanos en las dos cámaras, Trump podría lograr esos miles de millones de dólares para levantar más muro sin necesidad de los demócratas. El único contratiempo sería que la oposición amenazara con hacer un filibusterismo (obstrucción parlamentaria) en el Senado y la propuesta tuviera que ser finalmente aprobada por 60 senadores, incluidos varios demócratas..

En su discurso centrado en migración del pasado 31 de agosto en Arizona, Trump adelantó su plan de triplicar el número de agentes de deportación de la oficina de inmigración y seguridad fronteriza ICE. “Dentro del ICE voy a crear un nuevo grupo operativo de deportación, enfocado en identificar y deportar rápidamente los más peligrosos inmigrantes ilegales criminales en Estados Unidos que han evadido la justicia”. Con ese fin, el presidente electo prevé también incrementar la cooperación con las jurisdicciones locales , restablecer el programa “Comunidades Seguras” y contratar a 5,000 agentes de la Patrulla Fronteriza.

Pero, según apunta el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, para conseguir el presupuesto para poner en marcha el programa, necesitará la aprobación del Congreso.

Fue uno de sus pilares de campaña: el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Su objetivo es renegociar los términos del acuerdo, que considera que perjudican a los trabajadores estadounidenses, o cancelarlo.

Hay una serie de visas para trabajar en Estados Unidos asociadas a este tratado. Se expiden para decenas profesiones concretas, desde científicos a agricultores. Según los cambios que acabe promulgando, estos profesionales podrían acabar perjudicados o sin la posibilidad de renovar sus permisos de trabajo.