ICE anuncia la implementación de la política de deportaciones aceleradas a nivel nacional
Tras una pausa de casi tres meses debido a una disputa judicial y los preparativos para ponerla en vigor, el gobierno de Donald Trump anunció este miércoles la implementación a nivel nacional de la política de deportaciones aceleradas ( expedital removal), entre otros, de inmigrantes indocumentados que lleven menos de dos años en el país.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia federal que encabeza la fuerza nacional de deportaciones, dijo que a partir de ahora “puede acelerar la expulsión de ciertos extranjeros gracias a una orden reciente emitida por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia el pasado 30 de septiembre”.
ICE dijo que acelerar las deportaciones ayudará a evitar que "los delincuentes peligrosos entren en las comunidades”, asumiendo que un elevado número de indocumentados que lleven menos de dos años en el país sean criminales.
Razones del gobierno
“Nuestra capacidad para implementar esta importante herramienta estatutaria nos permitirá proteger aún más nuestras comunidades y preservar la integridad de las leyes de inmigración exigidas por el Congreso", dijo Tony Pham, funcionario que desempeña las funciones del director de ICE.
El gobierno dijo que, de acuerdo con el programa, los extranjeros, “a excepción de los niños migrantes no acompañados (UAC), están sujetos a una expulsión acelerada si:
- Aún no están sujetos a una designación de deportación acelerada;
- Se encuentran en cualquier lugar de Estados Unidos, no fue itido legalmente o puesto en libertad condicional
- Se determina que es inisible en el país bajo la Ley de Inmigración (INA); y,
- No han demostrado afirmativamente, a satisfacción de un agente de inmigración, que han estado físicamente presentes en Estados Unidos de manera continua durante el período de dos años inmediatamente anterior a la fecha de la determinación de inisibilidad.
Ordenan prepararse
ICE también dijo que todos sus agentes, agentes especiales y abogados “deben completar la capacitación requerida” en la página digital de la agencia “antes de que puedan implementar” el programa.
Señaló, además, que la INA “permite que el DHS deporte, sin una audiencia ante un juez de inmigración, a los extranjeros hallados en un puerto de entrada que son inisibles a Estados Unidos”.
A su vez, “el secretario del DHS puede designar para la deportación acelerada a algunos otros extranjeros que no puedan demostrar afirmativamente que han estado físicamente presentes en el país durante el período de 2 años inmediatamente anterior a su determinación de inisibilidad”, precisó. Hasta ahora, la medida sólo se aplicaba dentro de las primeras 100 millas desde la frontera.
“Cualquier extranjero sin estatus legal de permanencia que haya estado menos de 2 años en el país, será deportado inmediatamente sin una audiencia judicial”, advierte Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
La nueva medida afectará directamente a los extranjeros que tienen antecedentes criminales y que no pueden probar que han estado en el territorio estadounidense en los últimos dos años. La regla actual exige un mínimo de 14 días. Entre ellos, indocumentados con órdenes de deportación final.
En manos de los agentes
El cambio al programa otorga amplia discreción a los agentes del DHS para actuar con “completa autoridad” y colocar en proceso expedito de deportación a un extranjero, excepto en casos excepcionales y limitados, señala la regla.
La lista de principales afectados incluye a inmigrantes que fueron deportados y regresaron al país sin un permiso, individuos que hayan cometido crímenes graves o tengan múltiples convicciones, traficantes de drogas o involucrados en actividades terroristas, extranjeros con orden final de deportación, entre otras faltas.
Los detenidos serán expulsados del país de manera acelerada “sin una audiencia ante el juez de inmigración”, advierten abogados.
De acuerdo con el memorando de 2019, cuando se anunció el programa, los agentes de ICE “tienen una amplia discreción para aplicar la deportación acelerada en casos individuales, o para permitir que los extranjeros salgan voluntariamente o retiren sus solicitudes de isión, y también para colocar a los extranjeros en procedimientos de deportación ante un juez de inmigración”.
La nueva regla se utilizará en el denominado Programa de Extranjería Criminal, redadas en lugares de trabajo, cuando los agentes se encuentran con extranjeros que han sido arrestados por otra agencia de aplicación de la ley por alguna actividad criminal o cuando los agentes se encuentran con trabajadores indocumentados en los lugares de trabajo destinados a acciones de ejecución basadas en pistas de investigación.
“Están buscando cualquier excusa para animar a la base política que apoya al presidente faltando menos de dos semanas para la elección”, dijo a Univision Noticias Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste, en Seattle.
“Es parte de la agenda antiinmigrante”, agregó. "Por eso es importante que, en caso sea arrestado, avise, pruebe de inmediato que lleva mas de dos años en Estados Unidos y buscar remedios legales para no ser deportados aceleradamente”, recomendó.
Las excepciones
El memorando firmado en el 2019 que explica el programa señala algunos factores relevantes en los cuales los agentes de ICE pueden ejercer la discrecionalidad para limitar o aguantar una deportación expedita.
Por ejemplo, casos donde “un extranjero presenta problemas de competencia mental”, o si el extranjero “es el único cuidador de un niño ciudadano estadounidense” o el individuo “parece elegible para un alivio disponible en los procedimientos de deportación, la duración de la presencia del extranjero en Estados Unidos y la naturaleza de sus lazos con el país”.
Entre las evidencias para probar permanencia mínima de dos años, ICE considerará cuentas de banco, contratos
de arrendamiento, escrituras, licencias (carné de identidad), facturas, pagos, recibos, cartas, certificados de nacimiento, inscripciones en iglesias, registros escolares, registros de empleo, evidencia de encuentros policiales anteriores o pagos de impuestos, entre otros.
En el caso de individuos que hacen reclamos de ser residentes permanentes ( green card), refugiado o asilado, o que hacen reclamos de ser ciudadanos estadounidenses, deben demostrarlo por medio de documentos. Si proporcionan información falsa, pueden enfrentar “sanciones penales y consecuencias migratorias”, ha advertido ICE.
Los detractores del programa alegan que la política de deportaciones aceleradas daña el debido proceso al eliminar la audiencia en la corte o el a un abogado.
“Cientos de miles de personas que viven en cualquier parte de Estados Unidos corren el riesgo de ser separadas de sus familias y deportadas sin ningún recurso”, ha dicho Anand Balakrishnan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Esta es una escalada dramática e ilegal en los ataques de la istración Trump a las comunidades de inmigrantes", agregó el día que anunciaron el programa.
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