Hijos de inmigrantes con TPS se unen a sus padres para demandar al gobierno de Trump por terminar el programa
La comunidad protegida por años con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y que ahora teme la deportación intenta que la justicia se ponga de su lado.
Diez inmigrantes y cinco estadounidenses hijos de beneficiarios de TPS presentaron este lunes en San Francisco, California, una demanda contra el gobierno de Donald Trump para que frene la cancelación del programa migratorio, que protegía de la deportación a decenas de miles de inmigrantes provenientes de algunos países centroamericanos y africanos.
En concreto, la demanda se queja de la reciente cancelación del programa para inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Las organizaciones demandantes consideran que la istración Trump adoptó "una interpretación nueva y demasiado limitada de la ley federal que gobierna el TPS".
La queja considera que la interpretación del gobierno es "ilegal", "inconstitucional" y responde a "una agenda antinmigrante". Los demandantes subrayan que una parte importante de los beneficiarios del TPS llevan más de dos décadas en el país y tienen hijos con pasaporte de Estados Unidos.
"Los hijos estadounidenses ven sus derechos constitucionales violados al tener que decidir si ser deportados con sus padres a un país que no conocen o quedarse aquí sin sus familias. ¿Es eso justo para esos niños?", preguntó Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN, en rueda de prensa a las puertas de la corte.
La demanda fue presentada en un tribunal federal de San Francisco por la organizaciones civiles Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y National Day Laborer Organizing Network (NDLON), y por la firma de abogados Sidley Austin LLP.
En los últimos meses la istración del presidente Donald Trump ha cancelado los beneficios de TPS para varios países: los de Sudán en septiembre; los de Haití en noviembre; y en enero los de El Salvador. Los salvadoreños con TPS tendrán hasta septiembre de 2019 para abandonar el país o buscar una salida legal a su situación.
Los nicaragüenses, por su parte, pudieron renovar el permiso, pero la protección se acabará para ellos en enero de 2019.
