Gobierno de Trump retrasó reunificaciones familiares adrede, revelan correos electrónicos
Un archivo que contiene una gran cantidad de correos electrónicos fechados en 2018 permiten conocer un nuevo y escabroso procedimiento que involucra la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump.
Al abuso en el trato dado a los inmigrantes que llegaban a la frontera sur en busca de asilo (un beneficio legal disponible), las insalubres condiciones en que eran detenidos en instalaciones de la Patrulla Fronteriza y las separaciones forzadas ilegales, muchas de las cuales no fueron reportadas, se suma un nuevo escándalo: funcionarios de inmigración retrasaron adrede las reunificaciones familiares porque estas se estaban llevando a cabo “demasiado rápido”.
El hallazgo fue reportado por el diario The Washington Post. Tras revisar la correspondencia electrónica, que forma parte de documentos internos que el gobierno de Joe Biden entregó a los abogados de los inmigrantes este año “después de que fracasaron las negociaciones de un acuerdo en diciembre”, las familias y sus defensores han ido agregando piezas a un rompecabezas que no termina de ser armado y comprendido en su totalidad.
Las familias afectadas, cuyo número inicial de acuerdo con el Departamento de Justicia de Trump era de 2,654, podría ser de varios otros miles debido a que las separaciones no se llevaron a cabo entre principios de mayo y el 20 de junio de 2018, de acuerdo con documentos oficiales entregados por el entonces Departamento de Justicia a una corte federal del sur de San Diego, California.
Cuatro años de separaciones
La semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una guía actualizada para ayudar a los padres afectados a reunificarse con sus hijos perdidos en el sistema. El documento señala que los beneficiarios del programa de reunificación incluye a todos los padres afectados entre el 20 de enero de 2017, fecha de la toma de posesión de Trump, y el 20 de enero de 2021, cuando se marchó de la Casa Blanca.
En enero de 2019 la oficina de Inspector General del DHS había advertido que las separaciones forzadas no se llevaron a cabo solo en las fechas que aseguraba el gobierno, sino que estas comenzaron muchos meses antes y finalizaron muchos meses después de las afirmaciones del DHS. Y que el número de afectados era de “varios miles”.
En enero de 2019, tras la publicación del libro-reportaje Terror en la Frontera, Univision Noticias reveló que la orden de separar familias forzadamente en la frontera tras la presentación de cargos criminales por ingreso ilegal a familias que venían en busca de asilo, fue emitida por el entonces fiscal general Jeff Sessions a los fiscales estatales el 11 de abril de 2017.
Al presentarles cargos criminales, obligaban al padre a enfrentar un proceso judicial en una corte criminal. En casos el Estado debe hacerse cargo de los menores de edad mientras el padre solventa su situación jurídica. Una vez resuelto el caso, era puesto de proceso de deportación y en cientos de casos fueron expulsados solos a sus países de origen mientras sus hijos eran procesados de manera separada.
El hallazgo sobre las separaciones de The Washington Post
El diario detalla que familias que fueron separadas han presentado más de 20 demandas en busca de millones de dólares por su dolor y sufrimiento.
Los correos electrónicos entregados por el gobierno a los abogados fueron enviados en mayo de 2018, fecha en que el entonces Departamento de Justicia, bajo el mando de Sessions, reconoció la existencia de la política implementada como parte de los esfuerzos del gobierno para detener la llegada de extranjeros en busca de asilo, principalmente centroamericanos.
Por ese tiempo los niños que habían sido separados se estaban reuniendo demasiado rápido con sus padres, escribió un funcionario un viernes por la noche a fines de mayo de 2018.
“Qué fiasco”, escribió Tae Johnson, un funcionario de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) a otros funcionarios a las 8:29 p.m. ese fin de semana del Día de los Caídos, agrega.
Johnson es actualmente el director interino de ICE, agencia federal bajo el mando del DHS que se encarga de las deportaciones.
Cuando Biden llegó a la Casa Blanca se estableció conversaciones entre el gobierno y las familias afectadas para alcanzar un acuerdo de compensación. Pero las pláticas finalizaron lo que significa “que es probable que muchas menos familias obtengan una compensación por las separaciones”, dijo el Post.
“Pero también está sacando a la luz más información, poniendo a funcionarios de alto y mediano rango, incluidos algunos que todavía están en el gobierno, bajo escrutinio”, añade.
El diario dijo que hasta el momento los funcionarios de ICE y de la Patrulla Fronteriza, ambos del DHS, no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre los contenidos de los correos electrónicos. Tampoco el Departamento de Justicia ha emitido declaraciones al respecto.
El anticipo de Trump
El 20 de junio de 2018 Trump firmó una orden ejecutiva para asegurar que su gobierno trataba de “mantener unidas a las familias y, al mismo tiempo, estar seguros de que tenemos una frontera muy poderosa, muy fuerte”. Pro el documento no mencionó que desde inicios de su istración las separaciones forzadas se estaban llevando a cabo en secreto.
El decreto señaló que el mandatario estaba “utilizando su autoridad ejecutiva existente para abordar la separación familiar de los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera” y que el principal compromiso era “proteger las fronteras” del país “durante una afluencia histórica de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera, mientras toma medidas bajo las restricciones legales actuales para evitar la separación de familias de inmigrantes ilegales”, se lee en la orden.
Luego señaló que el fiscal general Sessions buscaría una modificación inmediata del Acuerdo Judicial Flores de 1977 “que impide que ICE detenga a familias juntas durante más de 20 días”. Pero tampoco explicó que ese acuerdo básicamente refiere que son los jueces de inmigración y no los agentes fronterizos quienes deciden el futuro de menores de edad en Estados Unidos.
Para el exmandatario, tanto el Acuerdo Flores como la Ley de Prevención de Tráfico Humano de 2008 eran “lagunas legales” que detenían la implementación de su política de ‘tolerancia cero’.
Una semana después de la firma de la orden, un juez federal de San Diego falló que las separaciones forzadas ordenadas por Trump eran ilegales y ordenó al gobierno proceder de inmediato a la reunificación de todas las familias afectadas, sentencia que a la fecha todavía no ha sido cumplida en su totalidad.
Otros descubrimientos
Los correos electrónicos entregados a los abogados por el gobierno también revelan que, por ejemplo, el 10 de mayo de 2018 Matthew Albence, un algo cargo de ICE en el gobierno de Trump, escribió a otros funcionarios de la agencia que “le preocupaba que los padres fueran devueltos a sus hijos en las estaciones de la Patrulla Fronteriza demasiado rápido después de ir a prisión” y enfrentar los cargos criminales por ingreso indocumentado, una falta de carácter civil.
Indicó que los procesamientos suelen ser rápidos y que los delitos que enfrentan son tan leves que los migrantes a menudo se declaraban culpables en grupos y eran sentenciados al tiempo cumplido ese día.
“Esto dará como resultado una situación en la que los padres volverán exactamente a las mismas instalaciones que sus hijos, posiblemente en cuestión de horas, que aún no han sido puestos bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR)”, escribió Albence.
Las separaciones forzadas de Trump convirtieron a miles de niños en no acompañados y, conforme con el Acuerdo Flores, después de 72 horas bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza debían pasar a manos de la ORR, una dependencia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), sistema en el cual desaparecían porque los procesaban independientemente de sus padres en la mayoría de los casos.
En otro correo electrónico, enviado por Sandi Goldhamer, una empleada de CBP, dijo que los funcionarios deberían "detener el proceso de reunificación" en las estaciones fronterizas.
“Si le preocupan las apariencias, entonces (sic) no devuelva al adulto de la unidad familiar al C”, indicó, aparentemente refiriéndose a un centro de procesamiento central en el Valle del Río Grande, Texas. Ella dijo que deberían llevar a los adultos a un centro de detención alternativo, con un folleto para ayudarlos a reunirse con sus hijos, y hacer que ICE los recoja”, detalló el Post.
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Daños colaterales
Entre junio y julio de 2019 Univision Noticias publicó tres artículos para mostrar el sufrimiento de decenas de niños que permanecieron en centros de detención de la Patrulla Fronteriza, muchos de ellos tras ser separados forzosamente de sus padres.
Los testimonios se obtuvieron por medio de cartas escritas de puño y letra por menores, la mayoría de ellos de origen centroamericano, quienes huyeron con sus padres de la pobreza, la violencia y los efectos del cambio climático en busca de asilo en Estados Unidos.
"Generalmente nos gritan que nosotros somos basura, 'mierda' y que para qué nosotros nos veníamos a su país, a los Estados Unidos", se lee en una de las cartas. Otro menor relató que en las 'hieleras' (centros de detención con bajas temperaturas debido al funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado) le "pegó la calentura (fiebre)" y los obligaron a que mojáramos "trapos con agua helada y nos poníamos en el cuerpo para que se nos pasara".
Hasta el momento de la publicación de las primeras cartas, en junio de 2019, sólo se conocía una parte de los padecimientos que se vivían en el largo y penoso camino del asilo y el verdadero rostro de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno anterior. Los testimonios eran entregados por abogados probono que los visitan para defender sus casos.
Tras la publicación de la segunda entrega de cartas, ese mismo mes, comenzó a aparecer un dibujo más claro del escenario que enfrentaban los menores migrantes. El gobierno no les informaba que tenían derechos, se bañaban una vez cada semana, no los dejaban lavarse los dientes y los trataban como adultos con palabras duras y a veces a gritos.
Tampoco dormían como lo hacían en sus casas de las cuales huyeron a causa de la violencia y miseria fueras de control. Las primeras horas en suelo estadounidense dormían en el suelo.
La tercera tanda de cartas fue publicada el 2 de junio de ese año.
Las cartas fueron gestionadas a través de fuentes anónimas a quienes pedimos que hablaran con los menores y que nos narraran sus experiencias. Sus testimonios permitieron conocer la otra de la crisis humanitaria en la frontera de la cual el gobierno de Trump no hablaba e insistía que solo se trataba de un grave problema de seguridad nacional que amenazaba a los estadounidenses.
“En ese lugar llegó un joven que recién había dado a luz a su bebé. Estaba en silla de ruedas y había tenido cesárea. Su bebé dormía en el suelo y a los oficiales no les gustaba que otras compañeras de celda le ayudaran a cargar a su bebé o que estuvieran con ella ayudándola", cuenta otra niña que vivió la pesadilla de las separaciones forzadas en la frontera con México.
