Gobierno pide al Supremo no tomar un polémico caso de ciudadanía que puede cambiar el destino de una isla
El gobierno de Joe Biden solicitó el lunes a la Corte Suprema de Justicia que desestime la revisión de un caso de ciudadanía, a pesar de que los defensores señalan que la disputa jurídica daría a los magistrados la oportunidad de revertir una serie de precedentes centenarios que han sido rotundamente denunciados como racistas.
El caso, conocido como Fitisemanu vs. Estados Unidos, se trata de un ciudadano de Samoa Estadounidense quien solicitó al Tribunal de Distrito de Utah que declare que los samoanos "ciudadanos estadounidenses".
Pero los gobiernos de Estados Unidos y de Samoa Estadounidense se unieron a los grupos de derechos indígenas de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte que, en julio, también pidieron a los jueces que rechacen la petición presentada por el residente de Utah identificado como John Fitisemanu.
El caso Fitisemanu, relacionado con la ciudadanía por derecho de nacimiento en los territorios, podría brindar una oportunidad para que los jueces consideren y posiblemente anulen los controvertidos “Casos Insulares” que han negado por años derechos constitucionales a sus residentes.
Los Casos Insulares son opiniones de la Corte Suprema basadas en la raza de principios del siglo XX que describen los territorios como el hogar de "razas extranjeras".
Fitisemanu, quien nació en Samoa Estadounidense, presentó en 2018 una demanda para ser reconocido como ciudadano estadounidense citando la cláusula de igual protección de la Enmienda 14.
La Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos estipula que, con algunas excepciones por separado, las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanas estadounidenses independientemente de la raza, etnicidad o el origen nacional de los padres.
El Congreso ha conferido la nacionalidad por nacimiento, a través de legislación, a las personas nacidas en todos los territorios estadounidenses habitados, excepto Samoa Estadounidense y la Isla Swains, a quienes se les otorga la condición de no ciudadanos.
Batalla legal
El tribunal de Distrito de Utah estuvo de acuerdo con los argumentos presentados por Fitisemanu. Pero el gobierno federal, junto con el gobierno de Samoa Estadounidense y un representante individual que actúa como mediador, apelaron la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, instancia que revocó la decisión de la corte inferior.
Un de la Corte de Apelaciones concluyó que ni el texto constitucional, ni el precedente del Tribunal Supremo exigen la interpretación del tribunal de distrito de la Cláusula de Ciudadanía de la 14 Enmienda.
"Es evidente que los deseos de los representantes elegidos democráticamente del territorio nos recuerdan que su pueblo no ha formado un consenso a favor de la ciudadanía estadounidense, y nos instan a no imponer la ciudadanía a un pueblo que no quiere desde un juzgado a miles de kilómetros de distancia", señaló la sentencia.
“Tal consideración cae propiamente dentro del ámbito del Congreso… Estas circunstancias desaconsejan la extensión de la ciudadanía por derecho de nacimiento a Samoa Estadounidense”, agregó.
La batalla jurídica escaló a la Corte Suprema, pero el gobierno de Biden, por medio del Departamento de Justicia (DOJ), le está solicitando a la Corte Suprema que rechace la solicitud de revisión.
Postura del gobierno
El gobierno de Biden le dijo a la Corte Suprema que no debería tomar un caso sobre los derechos de ciudadanía de Samoa Estadounidense presentado en abril, a pesar de que los defensores dicen que les daría a los jueces la oportunidad de revertir una serie de precedentes centenarios que han sido denunciados rotundamente como racistas, reportó el diario The Washington Post.
Añade que la procuradora general, Elizabeth B. Prelogar, dijo en un escrito que un tribunal de apelaciones había hecho bien en determinar que el Congreso debería tomar decisiones sobre la ciudadanía de las personas nacidas en los territorios, y que el caso en cuestión, Fitisemanu v. Estados unidos no es un caso de peso para reexaminar una serie de fallos llamados ‘Casos Insulares’.
El periódico recordó que en el período anterior del máximo tribunal, los jueces de ambos extremos del espectro ideológico de la corte (Neil M. Gorsuch, a la derecha, y Sonia Sotomayor, a la izquierda) criticaron los fallos, que emplearon lenguaje racista y sentimiento imperialista para determinar que los residentes de algunos territorios de Estados Unidos tienen protección constitucional, como la ciudadanía por nacimiento.
“Los Casos Insulares no tienen fundamento en la Constitución y descansan más bien en estereotipos raciales”, escribió Gorsuch en abril pasado en una opinión concurrente. Agregó que “ha llegado el momento de reconocer que los Casos Insulares descansan sobre cimientos podridos. Y espero que llegue pronto el día en que la Corte los anule por completo”.
The Washington Post dijo que el magistrado Gorsuch parecía tener en mente la decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito en el caso Fitisemanu, que confirmó una ley federal según la cual los nacidos en Samoa Americana son ciudadanos estadounidenses, pero no ciudadanos estadounidenses, un desafío legal presentado por tres personas nacidas en el archipiélago, pero que ahora viven en Utah.
Qué dicen los defensores
Los defensores de la ciudadanía para los nacidos en Samoa Estadounidense indicaron estar “decepcionados” de que el gobierno solicitara a la Corte Suprema que no tomara el caso.
“Es impactante que la istración Biden-Harris y el Procurador General continúen dando vida a los Casos Insulares, que se basaron en una visión de la supremacía blanca que no tiene cabida en nuestra sociedad, y mucho menos en los escritos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, dijo Neil Weare, presidente y fundador de Equally American, que aboga por la igualdad de derechos en los territorios de Estados Unidos.
El diario dijo además que la petición del grupo indica que los nacidos en Samoa Estadounidense son etiquetados como “de segunda clase (o categoría) por el gobierno federal”.
Aquellos que se mudan a los estados, “a pesar de ser contribuyentes que aportan a sus comunidades, no pueden votar”, sirven en jurados o se postulan para cargos estatales y federales, dice la petición.
A pesar de un alto porcentaje de residentes que sirven en el ejército, continúa, “en efecto son ciudadanos de ninguna parte”. Sin embargo, a algunos de los aproximadamente 50,000 residentes del territorio parece gustarles de esa manera.
El liderazgo político y delegado al Congreso Federal presentó un escrito diciendo que no hay consenso sobre la ciudadanía y que cualquier decisión al respecto no debe ser impuesta por los tribunales sino negociada a través del proceso político.
“Durante tres mil años, en un archipiélago a siete mil millas de esta Corte, el pueblo de Samoa Estadounidense ha preservado fa'a Samoa, la forma de vida tradicional de Samoa, entrelazando innumerables prácticas culturales, históricas y religiosas tradicionales en un patrón vibrante encontrado en ningún otro lugar del mundo”, decía su escrito ante el tribunal.
“El pueblo de Samoa Estadounidense ha mantenido vivo a fa’a Samoa en parte al preservar su estatus político único”, añade.
Qué dice la ACLU
El 28 de mayo la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), presentó un escrito de ‘Amicus Curiae’ ante la Corte Suprema en el que aborda la constitucionalidad de la ley federal que designa a las personas nacidas en Samoa Estadounidense como no ciudadanos.
Durante más de 120 años, el gobierno federal ha utilizado los Casos Insulares para justificar la discriminación contra los residentes de los territorios de Estados Unidos. Basados en ideologías anticuadas y racistas, los Casos Insulares afirman que los territorios ‘no incorporados’, cuyos residentes son casi en su totalidad latinos, afrocaribeños, isleños del Pacífico o no blancos, eran ‘extranjeros en un sentido doméstico’ y distintos de territorios como Oklahoma y Nuevo México que el Congreso consideró destinados a la estadidad”.
“Los Casos Insulares y su doctrina de incorporación territorial dan como resultado una Constitución a la carta a través de la cual se otorgan derechos fundamentales a algunos bajo la jurisdicción de Estados Unidos, pero se niegan a otros, y los residentes de los territorios han sido los más afectados por esta inequidad”, indicó.
Pedido de anulación
En el recurso de finales de mayo la ACLU le solicitó a la Corte Suprema anular el fallo de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito y finalmente “anular la doctrina de incorporación territorial de los Casos Insulares de una vez por todas”.
“La Corte ha puesto repetidamente en duda la validez de los Casos Insulares y ha advertido contra su expansión, sin embargo, el 10º Circuito usó los Casos Insulares para determinar que los ciudadanos de Samoa Estadounidense no eran ciudadanos estadounidenses por derecho de nacimiento bajo la Cláusula de Ciudadanía de la 14 Enmienda”, precisó.
El escrito argumenta además que el 10º Circuito “erró al extender los Casos Insulares a pesar de las repetidas advertencias de la Corte Suprema de no hacerlo y, lo que es más importante, que la doctrina de incorporación territorial de los Casos Insulares —basada en la supremacía blanca y expresamente inventada para justificar la subordinación de los residentes en los territorios insulares— debería anularse”.
“En ausencia del rechazo incondicional de los Casos Insulares por parte de la Corte, los tribunales inferiores, incluido el 10º Circuito, continuarán aplicándolos a nuevos contextos y perpetuando la discriminación contra los residentes territoriales”, escribió.
El escrito insta a la Corte “a anular definitivamente los Casos Insulares”, precisó el grupo de derechos civiles.
Debate de la Enmienda 14
El caso Fitisemanu vs. Estados Unidos amenaza con revivir el debate sobre el futuro de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que estipula que con algunas excepciones por separado, las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanas estadounidenses independientemente de la raza, etnicidad o el origen nacional de los padres.
Sin embargo, la descripción del significado que se da a la Enmienda 14 y el precedente histórico no es compartido por sectores ultraconservadores, quienes en las últimas décadas han lanzado iniciat9vas para modificarla a efecto de negarle la ciudadanía a los hijos que nacen en territorio estadounidense de padres indocumentados.
En agosto de 2019 el entonces presidente Donald Trump, en un nuevo intento registrado durante su mandato, mencionó que estaba
considerando "seriamente" poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, una promesa de campaña electoral que los demócratas y expertos consideran que viola la Constitución.
"Estamos pensando en (poner fin a la) ciudadanía por nacimiento muy en serio", dijo el exmandatario. "Francamente, es ridículo (…) Tienes un bebé en nuestro país, es decir, cruzas la frontera, tienes un bebé y 'felicidades, el bebé es ahora un ciudadano estadounidense'", indicó.
Aquella no fue la primera vez que el expresidente hizo referencia al tema. Lo hizo durante la campaña para complacer a su base electoral y en octubre de 2018 durante una entrevista televisada. "Somos el único país del mundo donde, si una persona llega y tiene un bebé, se convierte en ciudadano de Estados Unidos… con todos los beneficios", criticó en esa ocasión. Y agregó: "Es ridículo, es ridículo, y tiene que terminar".
Se encienden alarmas
El anuncio de abolir el derecho automático a la ciudadanía, que tienen todos los que nacen en territorio estadounidense bajo el amparo de la Enmienda 14, hizo saltar las alarmas a nivel nacional. Y surgió la pregunta si el presidente puede hacerlo por medio de un decreto o una orden ejecutiva.
La Enmienda 14, vigente desde 1868, establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen".
“Se supone que no (puede un presidente cambiar, modificar o anular la Enmienda 14))”, dijo el octubre de 2018 a Univision Noticias el abogado constitucionalista Filiberto Agusti, tras el debate generado por las declaraciones de Trump. Sin embargo, “la respuesta es complicada”, agregó. Y tras una pausa señaló: “El presidente no tiene derecho de cambiar la ley cuando así lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia”.
Agusti explicó que “en el siglo XIX hubo un caso en el que el máximo tribunal de justicia interpretó que las personas que nacen en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. La ley es bastante clara en estos momentos”.
El caso señalado por Agusti se refiere al juicio Dred Scott versus Stanford ventilado en 1857. Uno de los magistrados de aquella época, Benjamin R. Curtis, escribió en el dictamen que la ciudadanía “puede ser adquirida por nacimiento”. Cinco años más tarde, en 1862, el fiscal general de Estados Unidos, Edward Bates, emitió una opinión similar.
A diferencia del debate surgido durante el gobierno de Trump, ahora el riesgo es que la Corte Suprema, si revisa el caso Fitisemanu vs. Estados Unidos, los magistrados la oportunidad de revertir una serie de precedentes centenarios que han sido rotundamente denunciados como racistas. Por esa razón el gobierno de Biden le pidió a la Corte Suprema que desestime el pedido de revisión para evitar un fallo que impacte el precedente histórico en torno a la Enmienda 14.
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