Demandan al gobierno para que entregue registros sobre cuestionado programa de asilo en la frontera
Cuatro organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y los derechos humanos demandaron al gobierno de Donald Trump para que entregue toda la información sobre el manejo del programa Protocolo de Protección del Migrante (MPP), que desde enero de 2019 regula el proceso de asilo en la frontera con México.
La demanda tiene como objetivo obligar al gobierno federal a que “divulgue” los registros sobre el MPP, también conocido como “Programa Permanecer en México".
Los demandantes son el Consejo Estadounidense de Inmigración ( AIC), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración ( AILA), Human Rights Watch ( HRW) y el bufete de abogados Winston & Strawn LLP y presentaron la queja en la Corte Federal de Distrito del Norte de California el miércoles.
“La demanda fue presentada bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA), y busca registros sobre la implementación y el manejo del programa por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, se lee en el documento.
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Qué persiguen?
Los cuatro demandantes “están tratando de entender cómo funcionan los Protocolos de Protección al Migrante que el DHS activó en enero de 2019, y qué principios y acuerdos guían a las múltiples agencias responsables de su implementación después de que el gobierno se negó a revelar información”, dijo HRW en un comunicado.
"El programa Permanecer en México ha causado una catástrofe humanitaria, obligando a miles de personas a vivir en campamentos a lo largo de la frontera en condiciones peligrosas y miserables", dijo Emily Creighton, directora legal de transparencia del AIC.
“Esta demanda de FOIA es una forma de buscar responsabilidad mientras buscamos comprender el impacto del MPP en los solicitantes de asilo especialmente vulnerables”, agregó Creighton, que añadió que “a medida que los desafíos para el MPP continúan pasando por los tribunales, es de vital importancia que tengamos una visión completa de cómo se ha diseñado e implementado el programa”.
El desafío
Los cuatro demandantes indicaron además que el recurso “desafía la incapacidad de las agencias” que participan en el MPP y pide “revelar información en respuesta a una solicitud de FOIA presentada el 21 de diciembre de 2019”.
El MPP fue impuesto por el gobierno de Trump en respuesta a las caravanas de inmigrantes que huyen de los países de Centroamérica a causa de la violencia y la pobreza extremas, cruzan miles de kilómetros en dirección al norte y piden asilo en la frontera sur de Estados Unidos, un recurso legal disponible.
En los primeros 14 meses de vigencia, hasta la declaratoria de la emergencia y cierre de la frontera por la pandemia de coronavirus, el gobierno federal ha devuelto a casi 65,000 personas para que esperen en territorio mexicano la resolución de sus casos de asilo en los tribunales migratorios estadounidenses.
“Los solicitantes de asilo, muchos de ellos familias con niños, se han visto obligados a esperar durante meses en ciudades extremadamente peligrosas de México”, consideradas como las más peligrosas del mundo, dijo HRW.
Baja cantidad de asilos
Los demandantes también argumentan que desde que comenzó el programa “solo unas 500 personas, equivalente a menos del 1% de quienes participan en el han recibido asilo”.
“Hasta febrero de 2020, se habían reportado más de 1,000 casos de asesinato, tortura, violación, secuestro y otros asaltos violentos contra personas colocadas en el programa”, añaden.
Indican además que en los lugares y albergues donde esperan los solicitantes de asilo están en condiciones antihigiénicas “y a menudo superpobladas”, un problema que se agrava debido a la pandemia al no cumplirse las reglas de salud pública de distanciamiento social.
“El programa también evita que los solicitantes de asilo tengan significativo a su derecho al debido proceso”, dice AILA. “Los solicitantes de asilo a menudo enfrentan barreras insuperables para obtener y comunicarse con un asesor legal y un mayor cierre de las audiencias judiciales del MPP al público”.
"La operación de MPP ha estado oculta a la vista y al entendimiento del público", dijo Laura Lynch, asesora principal de políticas de AILA. “Vemos que los solicitantes de asilo piden legalmente una oportunidad significativa de que se escuche su solicitud de asilo al llegar a la frontera, y vemos que se desvían rápidamente a condiciones peligrosas en México”.
Lynch dijo además que “el público no ha podido ver los procedimientos básicos y los procesos de toma de decisiones de este cambio terriblemente injusto en la política. A pesar de las numerosas solicitudes, incluida una investigación formal de la FOIA, las agencias no han respondido y, por lo tanto, este litigio es necesario", apuntó.
Información crítica
Para tolerancia cero de Trump.
“El Departamento de Seguridad Nacional y las agencias que lo componen (la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración -USCIS-, la Oficina de Inmigración y Aduanas -ICE- y la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo -CBP-) no han revelado información crítica sobre el programa, incluidas directivas y orientación a los empleados del DHS, acuerdos entre Los gobiernos de Estados Unidos y México en relación con el programa y las comunicaciones entre los funcionarios de la agencia arrojan luz sobre cómo se está llevando a cabo”, señala el grupo.
"Como el inhumano programa 'Permanecer en México' causa más daños cada día, incluso a la luz de la crisis de covid-19, los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia han mantenido a los contribuyentes estadounidenses en la oscuridad sobre cómo se está utilizando su dinero”, dijo Ariana Sawyer, investigadora fronteriza de Estados Unidos de HRW.
"El programa inflige un trauma de larga duración tanto en niños como en adultos, no protege a los solicitantes de asilo vulnerables del daño y atropella el derecho al debido proceso", añadió.
Espera interminable
El 20 de abril Univision Noticias reportó que “las esperanzas de conseguir asilo en Estados Unidos para miles de personas que aguardan en México, primero por las largas colas en los tribunales de inmigración y luego por la pandemia del coronavirus, recibieron un duro golpe cuando los gobiernos de ambos países, y Canadá, anunciaron otros 30 días de cierre fronterizo para viajes no esenciales".
El 10 de mayo el DHS y la Corte de Inmigración anunciaron una nueva prórroga, esta vez hasta el 19 de junio.
“El daño que esto causa vuelve las cosas muy complicadas”, dice a Univision Noticias Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together capítulo México, en Tijuana. “La gente se encuentra viviendo en condiciones muy difíciles porque quienes habían logrado tener un trabajo informal, obviamente ya no lo tienen debido a la pandemia”, agrega.
Vásquez dijo “No tienen forma de sobrellevar esta crisis”, agregó la activista. “La poca ayuda que reciben del gobierno mexicano no es suficiente. Y a medida que la epidemia avance, las asistencias irán disminuyendo. Muchos están frustrados, la desesperanza crece”, lamenta.
