Corte de apelaciones restituye las prioridades de deportación del gobierno de Biden
Un de jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, por unanimidad, restituyó el miércoles las prioridades de deportación dictadas por el gobierno de Joe Biden en enero y febrero, enfocadas en aquellos inmigrantes que han cometido delitos graves y que constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Los tres jueces respaldaron dos directivas emitidas por el gobierno, una en enero y otra en febrero, que redujeron el alcance de las operaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las prioridades establecidas por el gobierno fueron bloqueadas el 19 de agosto por el juez de distrito Drew Tipton, de Texas, quien dictaminó que la política de Biden violaba los mandatos del Congreso respecto en cuanto las operaciones de la agencia.
La orden anterior
La orden de Tripton fue en respuesta a una demanda entablada por los estados de Louisiana y Texas, quienes alegaron que la política migratoria de Biden "viola la ley de Procedimiento istrativo (APA)”.
"Esta orden preliminar esta dada a nivel nacional y probable la ejecución e implementación, en cualquier lugar donde el gobierno tenga jurisdicción para implementar los memorandos del 20 de enero de 2021 y del 18 de febrero de 2021", dijo Tripton.
Pero el de jueces del 5to Circuito halló que el gobierno federal había demostrado que, probablemente, tendría éxito en su apelación basándose en el hecho de que la orden judicial emitida en agosto limita a los funcionarios a depender de prioridades de directivas para decisiones que no están relacionadas con las detenciones.
“El gobierno tiene potestad para tomar las prioridades sobre a quien van a detener y a quien no”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
El dijo que “no vemos una justificación sólida para concluir que la ley de Inmigración de 1996 (Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996) anula la tradición arraigada de discreción en la aplicación cuando se trata de decisiones que ocurren antes de la detención, como quién debe ser sujeto a los procedimientos de arresto, detención y deportación".
La demanda
En abril los fiscales generales de Louisiana y Texas (republicanos), demandaron al gobierno de Biden por haber modificado parte de la política migratoria que alteró las prioridades de deportación que había estipulado el expresidente Donald Trump el 25 de enero de 2017.
Los demandantes alegaron que los funcionarios federales de inmigración ya no buscaban la custodia y deportación de la mayoría de los extranjeros que están finalizando sus sentencias de cárcel por cargos criminales.
Ken Paxton, fiscal general de Texas, anunció en abril que estaba acusando al gobierno federal de "poner en peligro a los tejanos" al negarse a ordenar la detención migratoria automática de inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos penales.
“Al no tomar la custodia de los delincuentes extranjeros y no dar ninguna explicación por este imprudente cambio de política, la istración está demostrando un descarado desprecio por la seguridad de los tejanos y estadounidenses”, aseguró.
Las prioridades de Biden
Para el gobierno, los inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera después del 1 de noviembre del 2020 o que están indocumentados en el país y no demuestren que están en territorio estadounidense antes del 1 de noviembre del año pasado o tienen una orden de deportación vigente, están dentro de las pprioridades de deportación.
Eso significa que, si los detienen o caen en manos de los agentes del servicio de inmigración o de policías que colaboran con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), lo más probable es que el gobierno inicie un proceso de expulsión del país.
¿Cuáles son las excepciones?
Las prioridades, además, establecen que:
- Los agentes deben evaluar si el no ciudadano “actualmente representa una amenaza para la seguridad pública", así como “la extensión, seriedad y actualidad de la actividad delictiva” cometida por el extranjero antes efectuar una deportación;
- También deben considerar factores atenuantes, tal como circunstancias familiares, factores médicos y de salud, vínculos con la comunidad, evidencia de rehabilitación, y si el individuo tiene disponible ayuda migratoria potencial;
- Los agentes también deben basar sus conclusiones sobre la participación intencional en un crimen organizado, pandilla u organización delictiva transnacional sobre la base de pruebas fiables y consultar con otras agencias federales involucradas para llegar a esta conclusión;
- Los agentes deben prestar especial atención en los casos que involucran a no ciudadanos que son ancianos o que padecen una enfermedad física o mental grave.
- Las órdenes de deportación deben tener una razón de peso.
