Congresistas piden limitar tiempo de arresto de inmigrantes en cárceles de ICE
Un grupo de legisladores solicitó al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que limite los fondos del año fiscal 2023 para que el gobierno no prive de libertad a inmigrantes indocumentados por más de 20 días.
El pedido fue hecho por un grupo de 59 representantes en una carta dirigida a los congresistas Lucille Roybal-Allard t Chuck Fleishmann, ambos del Subcomité de asignaciones de Seguridad Nacional.
En la misiva el grupo recomienda incluir en el proyecto de presupuesto “una disposición similar a la sección 219 del Año Fiscal 2022 (FY2022) que requiere determinaciones de custodia individualizadas para todas las personas bsjo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) dentro de los 20 días posteriores a su detención a pesar de lo dispuesto en la Sección 236(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”.
La Sección mencionada por el grupo se refiere a la aprehensión y detención de extranjeros.
Agrega que salvo lo dispuesto en ley “y en espera de tal decisión, el fiscal general tiene dos opciones: continuar deteniendo al extranjero arrestado, liberarlo tras el pago de una fianza y bajo un régimen de libertad condicional.
El reglamento advierte que al inmigrante liberado no se le puede proporcionar una autorización de empleo (permiso de trabajo). “A menos que el extranjero sea itido legalmente para la residencia permanente o de otra manera (sin tener en cuenta los procedimientos de deportación) se le proporcione dicha autorización”.
Dinero de los contribuyentes
En la carta, el grupo explica que no existe otra área de la ley estadounidense “en la que el gobierno tenga la autoridad para utilizar dineros del contribuyente para detener a personas por períodos prolongados sin ninguna determinación individualizada de la necesidad de tal detención”.
Según la práctica actual, la mayoría de los miles de detenidos en cárceles de ICE “no tiene a una audiencia de fianza o consideración de liberación a nivel de custodia, agrega.
“Esta práctica es costosa para el contribuyente: en el año fiscal 2022 se usaron casi $3,000 millones para
detener a decenas de miles de solicitantes de asilo”, precisó.
La misiva indica que, de acuerdo con investigación sobre el tema, “se ha demostrado abrumadoramente la dependencia de nuestra nación en la inmigración y que la detención es un despilfarro e innecesario”.
El argumento desvirtúa la postura republicana que insiste en que los inmigrantes que vienen en busca de asilo burlan el sistema y constituyen una amenaza a la seguridad nacional.
Lenguaje recomendado
Para solucionar el problema y limitar a 20 días el plazo máximo de detención de extranjeros en los centros de detención de ICE; el grupo de legisladores recomendó al Subcomité de Asignaciones de la Cámara Baja que en el año fiscal 2023 sólo se utilicen fondos asignados para "operaciones de custodia".
La recomendación agrega que, para los efectos de evaluación, “los funcionarios adjudicadores deberán considerar una serie de alternativas a la detención (ATD), incluida la libertad bajo palabra, liberación bajo supervisión u otra alternativa a los programas de detención”.
La propuesta también incluye mitigar cualquier preocupación bien fundada “de que un individuo plantea una amenaza específica, real y actual para una persona identificable o representa un riesgo de fuga deliberada”.
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Números actuales
Un reciente informe del Centro de Información y a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York, reveló queal mes de marzo ICE tenía unos 20,000 extranjeros detenidos y poco más de 227,000 bajo vigilancia electrónica bajo el programa Alternativa de Detención (ATD).
El reporte agrega que el 68.9% de los detenidos no tienen antecedentes penales y que muchos otros solo tienen delitos o faltas menores, entre ellas infracciones de tránsito.
En enero, otro informe del TRAC reveló que la mayoría de los detenidos hasta finales de diciembre del 2021, alrededor del 75%, no tenían antecedentes penales en ese momento más que un cargo de inmigración, una tendencia que ha oscilado constantemente entre el 73% y el 80% desde mayo del año pasado.
Cabe recordar que los indocumentados sin antecedentes criminales graves no constituyen una prioridad de deportación para el gobierno de Biden.
