Arizona, Louisiana y Missouri demandarán al gobierno por cancelar restricciones en la frontera
Los estados de Arizona, Louisiana y Missouri, gobernados por republicanos, demandarán la cancelación del Título 42 del Código de Estados Unidos por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), activado en marzo de 2020 por el entonces gobierno de Donald Trump.
El viernes los CDC anunciaron que levantaban la restricción de salud pública emitida en respuesta a la pandemia del coronavirus y que permite al gobierno deportar aceleradamente a extranjeros en la frontera con México aduciendo razones de seguridad sanitaria.
Posteriormente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que la controversial política sería retirada el 23 de mayo. Pero poco antes el departamento había anticipado que se preparaba para una avalancha de casos de asilo en la frontera con hasta 18,000 diarios.
Los pronósticos forman parte de un plan estratégico que el DHS elabora sobre la base de datos obtenidos en el último año por la Patrulla Fronteriza que incluye hallazgos, detenciones, deportaciones aceleradas bajo el Título 42, retornos bajo el Programa de Protección al migrante (MPP), expulsiones bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración y procesos de asilo en el lado estadounidense.
Los datos revelan que durante el año fiscal 2021 fueron retornados a México (expulsados de Estados Unidos) cerca de 2 millones de personas. Los republicanos advierten que la cifra podría incrementarse debido a las expectativas que genera el retiro del Título 42.
La demanda
De acuerdo con un borrador de la demanda, publicado este lunes por la cadena Fox News, la demanda entablada por los fiscales generales de Arizona, Louisiana y Missouri está dirigida contra el director de los CDC, los secretarios de Salud y Recursos Humanos (HHS) y de Seguridad Nacional (DHS), así como a los directores de las agencias de inmigración encargadas de las fronteras.
Los opositores al levantamiento del Título 42 alegan que la demanda “desafía una calamidad inminente” autoinfligida por el gobierno y que el retiro abrupto de la norma quita “la única válvula de seguridad que evita que las desastrosas políticas fronterizas de esta istración se conviertan en un caos y una catástrofe absolutos”.
Si bien el Título 42 fue activado por la pandemia, detractores de la política aseguran que esta formó parte de la política migratoria de 'tolerancia cero' de Trump cuyo objetivo fue detener la inmigración indocumentada y bloquear la política de asilo.
La demanda no detalla que el asilo, un recurso legal vigente, puede ser solicitado por cualquier persona que llegue a la frontera. La política determina que, en caso de miedo o temor creíble de ser regresado al país de origen, debe ser un juez de inmigración quien determine el futuro del solicitante en Estados Unidos.
Los demandantes citan opiniones de legisladores demócratas quienes expresan dudas respecto a la capacidad de respuesta del gobierno para procesar la avalancha de casos que se espera después del 23 de mayo, cuando se retire el Título 42.
Postura republicana
Citando declaraciones emitidas recientemente por el senador republicano Bill Cassidy (Louisiana), los estados dicen que eliminar el Título 42 es un error “que alentará otra ola de migración ilegal y tráfico de drogas para abrumar la frontera sur”.
También citan preocupaciones expresadas por Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, quien dijo que la eliminación de la política de salud pública “va a causar un caos de proporciones épicas”.
Otro argumento utilizado por los demandantes para pedir a los tribunales que se anule la eliminación del Título 42 es “la negativa de los CDC “a recibir comentarios públicos” tras la publicación en el Registro Federal de la decisión, un paso que según explican “viola la Ley de Procedimiento istrativo (APA)”, situación que “por sí sola requiere la invalidación de la Orden de rescisión”.
El argumento de la violación de la Ley APA ha sido uno de los principales argumentos utilizados por los republicanos para buscar con éxito la restitución de las prioridades de deportación, del MPP y la anulación de las moratorias de deportaciones, entre otros bloqueos de programas que forman parte de la política migratoria de Biden.
Los fallos favorables a demandas republicanas señalan que el gobierno, antes de proceder a la cancelación de una política, debe tener en cuenta el efecto que estas medidas tienen en los estados afectados que luego se convierten en demandantes. Y agregan que la no consideración la convierte en una medida “caprichosa” y “arbitraria”, argumento similar al utilizado por los demócratas cuando demandaron las políticas de la era Trump.
Demanda advertida
La semana pasada, tras conocerse el retiro del Título 42 por parte de los CDC, Stephen Yale-Loehr, profesor de leyes de inmigración en la Facultad de Derecho de la Ubniversidad de Cornell, Nueva York, advirtió que era probable que los estados conservadores como Texas iban a “desafíar la terminación del Título 42 en los tribunales por alentar más solicitudes de asilo”.
“Los datos federales muestran que los funcionarios de inmigración están en camino de realizar más de 200,000 detenciones a lo largo de la frontera con México en marzo, el total mensual más alto desde agosto”, indicó.
Yale-Loehr dijo además que “la percepción de que levantar el Título 42 facilitará la solicitud de asilo podría alentar a más personas a intentar cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Si las demandas tienen éxito, el Título 42 puede continuar por algún tiempo”, indicó.
Por su parte, el sábado Univision Noticias reportó que después del retiro del Título 42 anunciado para el 23 de mayo, el gobierno seguirá deportando extranjeros en la frontera, solo que bajo otros mecanismos legales disponibles, como el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA).
La regla del Título 42 “permanecerá vigente hasta el 23 de mayo y, hasta entonces, el DHS continuará expulsando a los adultos solteros y las familias que se encuentren en la frontera suroeste”, dijo el viernes Alejandro Mayorkas, secretario del DHS.
El funcionario agregó que “una vez que la medida de salud pública ya no esté vigente, el DHS procesará a las personas encontradas en la frontera de conformidad con el Título 8, que es el procedimiento estándar que utilizamos para colocar a las personas en procedimientos de deportación”, apuntó.
“No obstante, sabemos que los contrabandistas difundirán información errónea para aprovecharse de los migrantes vulnerables. Permítanme ser claro: aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados”, subrayó.
Es decir, quien no tenga una causa probable de asilo será procesado y deportado de forma acelerada, indico el jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Respeto al debido proceso
A pesar de la demanda y las advertencias, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) celebra el retiro del Título 42 y resalta el respeto al debido proceso migratorio en la frontera.
“El final de la política cruel y antiinmigrante de usar el Título 42 para expulsar a los solicitantes de asilo vulnerables bajo las disposiciones de salud pública está muy retrasado”, dijo Allen Orr, presidente de AILA.
“Los miles y miles de migrantes, desde bebés hasta abuelas que fueron expulsados ilegalmente antes de que se les permitiera tener una oportunidad significativa de reclamar protección bajo nuestras leyes, merecen un reconocimiento de que Estados Unidos se equivocó”, agregó.
Orr dijo además que “la istración Biden debe reconocer que los inmigrantes negros en particular fueron tratados con crueldad, y se dedicó una cantidad impresionante de tiempo y recursos del DHS para expulsarlos ilegalmente, obligándolos a regresar a situaciones dañinas.
“El Congreso y todos los estadounidenses deben asegurarse de que el fin del uso actual del Título 42 sea solo el comienzo. Hoy, mañana y todos los días en el futuro debemos vivir nuestros valores como una nación acogedora y no escuchar a aquellos que desean convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios de todo tipo de males”, apuntó.
A su vez, Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que “con este anuncio, la primera orden del día debe ser el uso amplio y expansivo del proceso de excepción para garantizar que las personas con vulnerabilidades no sean deportadas durante la liquidación del Título 42”.
