Exoficiales de Pinochet piden perdón por sus crímenes, pero las víctimas no les creen
SANTIAGO DE CHILE, Chile.- Diez condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile pidieron perdón este viernes en una ceremonia ecuménica privada sin precedentes, que provocó diversas protestas por parte de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas.
Los reos aprovecharon la misa ecuménica que se hace todos los años para la Navidad en el complejo penitenciario Punta Peuco (al norte de Santiago), donde están detenidos, para disculparse por los crímenes que habían cometido durante los 17 años del régimen militar. Según registros oficiales, durante ese periodo hubo 40,000 víctimas, cerca de 3,200 de ellas fueron asesinadas o desaparecidas y la mayoría sufrió torturas.
En la lista de los participantes, que se dio a conocer sólo al terminar el acto, figuran nombres tan temibles como el Eduardo Iturriaga Neumann, ex subdirector de la policía secreta de Pinochet, conocida como la DINA; el mayor de Ejército en retiro Carlos Herrera Jiménez, autor confeso del asesinato de un destacado dirigente sindical en 1982; y el ex agente de la Dina Basclay Zapata, considerado uno de los torturadores más crueles de la dictadura.
Al terminar la ceremonia, el capellán del recinto carcelario, el pastor anglicano Pablo Álvarez declaró ante la prensa que fueron los mismos reos quienes quisieron pedir perdón por el daño causado.
“Yo creo que Dios está haciendo algo extraordinario en este país, porque esto no habría sucedido hace unos años atrás”, dijo antes de darles la palabra a dos otros representantes del mundo religioso invitados al evento y fuertemente criticados por parte de la ciudadanía chilena por haber aceptado ir.
Esta “liturgia del perdón”, como la han llamado, ocurre en un momento complejo en Chile. Hace unas semanas, el ministro de justicia de Michelle Bachelet, Jaime Campos, y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, afirmaron estar a favor de los beneficios carcelarios o la libertad condicional para los condenados por crímenes de lesa humanidad con enfermedades graves o de avanzada edad. Sus declaraciones reavivaron las divisiones que existen frente a este tema.
Carmen Hertz, destacada abogada defensora de derechos humanos, cuyo marido fue detenido y desaparecido en 1973, habla de una “ofensiva” que existe hace aproximadamente un año “para presentar a los criminales de lesa humanidad como víctimas”. En ese contexto, agrega, la ceremonia de este viernes fue una puesta en escena en el marco de esta “campaña” para conseguir impunidad.
“Esto es un show. No es arrepentimiento. El arrepentimiento no es un estado subjetivo para el derecho internacional y la comunidad internacional. Requiere la entrega de antecedentes relevantes respecto de los crímenes cometidos y las organizaciones a las que pertenecían. Y eso no se ha dado con ninguno de los reos que están en Punta Peuco. Ninguno ha entregado jamás un antecedente relevante ni tampoco han cooperado para la acción de la justicia”, dice.
En los días que precedieron a la ceremonia, Raúl Meza, abogado de la multigremial de las Fuerzas Armadas en Retiro, aseguró por su lado en diversas entrevistas que este pedir perdón respondía a motivaciones personales y no colectivas de los reos, que lo hacían por necesitar “reparación espiritual”.
"Este acto de perdón es un acto sin nada a cambio, sin beneficios, sin privilegios y sin concesiones de ninguna naturaleza", agregó en entrevista con CNN Chile.
Esas declaraciones, sin embargo, no aplacaron la desazón de los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos que expresaron su rechazo públicamente, antes y durante el acto ecuménico. Lo han tildado de “perdón mentiroso”, han hablado de “reconciliación forzada”.
El jueve,s seis parientes de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar se encadenaron a las bancas de la Catedral Metropolitana ubicada en el centro de Santiago, en señal de protesta por la ceremonia. Y al momento de la liturgia, medio centenar de familiares de las víctimas protestaron en las afueras de Punta Peuco. Otros marcharon delante del palacio La Moneda, sede del gobierno.
El sacerdote jesuita Fernando Montes, sin embargo, enfatizó al salir del acto que “nadie (...) pidió que se le rebajaran las penas, nadie pidió amnistía. Pidieron perdón”.
Aún así, el padre Mariano Puga, el tercer religioso en asistir al acto de este viernes y el más criticado por hacerlo, validó la preocupación de las agrupaciones de defensa de los derechos humanos. Si bien destacó que este evento era “algo extraordinario”, este sacerdote, conocido en Chile por su defensa de los derechos humanos durante el régimen militar y por haber sido torturado y expulsado del país en esos años, agregó que “no puede haber perdón si no hay reparación y aporte a la Justicia”.
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