Virginia y Arizona, los estados donde los estudiantes indocumentados serían más vulnerables sin DACA
Para cientos de miles de estudiantes en el país, el fin de DACA, o la Acción Diferida para Llegados en la Infancia, supondría un fin a lo que han construido por años y un fin a los planes que tenían para el resto de sus vidas.
Para muchos, DACA marcaba la diferencia entre quedarse atrapado en un trabajo repetitivo y con mala paga y una carrera satisfactoria, la cual entonces les permitiría proveer más oportunidades a sus hijos y así romper un ciclo de pobreza.
En Virginia y Arizona, la situación de los estudiantes indocumentados es quizá la más difícil en el país.
Para más de 800,000 jóvenes, DACA les permitía a aquellos que llegaron sin papeles con menos de 18 años después de 2007, quedarse en el país temporalmente y en muchos estados poder trabajar con un permiso de trabajo y obtener una licencia de conducir.
En todos los estados, excepto Alabama, Georgia y Carolina del Sur, las personas indocumentadas pueden estudiar en la universidad y, en algunos, como Virginia y Arizona, incluso pagar la tarifa reducida para para estudiantes que residen en el estado ( in-state tuition). Para muchos estudiantes, esto hace la diferencia entre si pueden cursar estudios superiores o no.
En Virginia, quienes están amparados por DACA tenían derecho a solicitar una licencia de conducir, un permiso de trabajo y a pagar como residentes del estado. Solo en este estado del noreste se estima que hay más de 12,000 beneficiarios de DACA.
Una de ellas es Yanet, de 22 años, nacida en Puebla, México, quien prefirió no dar su apellido. Ella llegó a EEUU cuando tenía 8 años.
Yanet habló con Univisión Noticias justo antes de entrar a clase el viernes por la tarde. Ella vive en el Condado de Henrico y cursa su tercer año en la Virginia Commonwealth University.
“Si DACA termina, me quedaré sin trabajo, no podré terminar mis estudios”, contó Yanet, “y ya no podré obtener la tarifa reducida para pagar mis estudios porque me van a considerar como una estudiante que viene de fuera del estado”.
Según el reporte del College Board, Tendencias en Precios Universitarios, durante el año académico de 2008-2009 el costo promedio de asistir a una universidad pública de cuatro años para residentes del estado era de 7,020 dólares. La misma educación para un estudiante de fuera del estado es en promedio 11,528 dólares.
Pero además de tener que pagar casi el doble, ahora muchos estudiantes como Yanet no podrían trabajar para costearse su educación, ya que DACA también les permitía tener un permiso de trabajo.
“La situación es más difícil en Virginia”, le explicó a Univision Noticias Rodrigo Velázquez, quien trabaja para Mason Dreamers, una organización estudiantil de la Universidad George Mason en Virginia, “porque en otros estados como California o Texas, existen leyes estatales para proveer los beneficios que solo puede proveer DACA en Virginia, donde no existen esas leyes estatales.”
Velásquez, nacido en Bolivia, fue presidente de Mason Dreamers y ahora lidera los esfuerzos de incidencia como miembro de la junta directiva de esta organización. Él empezó sus estudios como indocumentado, pero hizo los trámites para recibir su Green card, o residencia, mientras estudiaba en la universidad.
La ley y el dinero
Exista DACA o no, la mayoría de estados no le restringen a estudiantes indocumentados estudiar en universidades públicas.
De hecho, según la revista The Atlantic, muchos oficiales de estados de todo el país dicen que para ser competitivos necesitan a todos los jóvenes educados posibles, tengan documentos o no. Para el 2020, 65% de los trabajos en el país requerirán un diploma universitario, según el Instituto de Políticas Públicas de Georgetown. Como se estima que hay unos 2.1 millones jóvenes indocumentados, darle la oportunidad de estudiar a estos jóvenes ayudaría enormemente a ocupar esos puestos.
El alto costo de la educación en EEUU hace estudiar sin DACA, muy difícil, pero no imposible. Los estudiantes indocumentados no pueden recibir ayuda financiera federal. Pero sí pueden acceder a otro tipo de ayudas y becas.
En 18 estados, California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Kansas, Maryland, Minnesota, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington y Wisconsin, se les permite a estudiantes pagar matrícula como residentes del estado en universidades públicas, mientras que cumplan una serie de requisitos.
Los estudiantes indocumentados que vivan en estados como California, Texas, Nuevo México, Minnesota y Washington además son elegibles para recibir ayuda financiera estatal, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Las condiciones de estas leyes varían, pero la mayoría requiere que los estudiantes hayan vivido un periodo mínimo de tiempo en el estado, que se hayan graduado de la secundaría allí o hayan recibido un GED, el equivalente a un diploma escolar.
Otra alumna que se vería afectada en Virginia, quien no puede dar su nombre y está en su tercer año de estudios de asuntos globales en la Universidad George Mason en Virginia, le dijo a Univision Noticias que está “intentando terminar sus estudios lo antes posible”, es decir, antes de que se venza el beneficio de DACA al que tiene derecho.
Dentro de los beneficiarios de DACA, esta joven de 20 años que llegó de Bolivia en el 2001 es quizás de las más afortunadas. Piensa que podrá acabar los dos semestres de estudios que le quedan antes de que se venza el plazo.
Aun así, dice estar “muy preocupada porque no sabe qué esperar” del posible anuncio del presidente Donald Trump este martes, cuando la Casa Blanca comunique qué decidirá hacer con el programa.
“Hay muchísima incertidumbre para tantos estudiantes”, dijo esta estudiante. “Se estima que hay unos 1,200 estudiantes de DACA tan solo en Virginia. Imagínese cómo debe estar la situación en todo el país”.
Para Yanet, este es un aspecto que la afectaría, su salud mental.
“También supondría una carga emocional muy grande”, dijo, “ya que estoy acostumbrada a tener a DACA y eso me hace sentirme segura, en vez de sentir el miedo a que un oficial de policía me pida mi estatus migratorio por la calle”.
