Los cinco preocupantes aspectos de la nueva guerra contra las drogas que quiere librar Jeff Sessions

El fiscal general Jeff Sessions publicó el 12 de mayo un memorándum que les exige a los fiscales federales "encausar y perseguir los delitos más graves y fácilmente demostrables" relacionados con drogas. La idea detrás de esto es que le permita continuar la misión que comenzó como senador de Estados Unidos: socavar los acuerdos alcanzados por demócratas y republicanos en la fracasada guerra contra las drogas.

Durante años, los del Congreso de ambos partidos han estado tratando de aprobar la Ley sobre Reforma de Condenas y Asuntos Correccionales, la que reduciría las sentencias mínimas obligatorias para acusados de delitos de drogas no violentos y les daría a los jueces más discreción para dictar sentencia. Pero el memorándum de hoy les ha ordenado a los fiscales estadounidenses formular cargos que "conlleven las condenas más sustanciales, incluyendo sentencias mínimas obligatorias".

Sessions cree que las sentencias mínimas obligatorias "reducen la capacidad de los agentes de [aplicación de] la ley para negociar y proteger al público", como declaró en una audiencia del Congreso en 2015. La investigación en esta área muestra lo contrario. El exfiscal general Eric Holder ha estado estudiando este tema desde hace años, empezando con su Iniciativa Smart on Crime, la que lanzó cuando estaba en el Departamento de Justicia. En respuesta al memorándum de Sessions, Holder publicó su declaración, diciendo los "propios datos del Departamento de Justicia revelaron apenas el año pasado que, desde que implementé las políticas Smart on Crime en 2013, los fiscales han utilizado la discreción que les di para centrarse en los casos más graves en materia de drogas. Los datos mostraron que, si bien formularon menos acusaciones que acarrearon sentencias mínimas obligatorias, los enjuiciamientos de importantes acusados de delitos relacionados con las drogas habían aumentado y que los índices de cooperación y declaración de culpabilidad se mantuvieron efectivamente iguales".

La nueva orden de Sessions ignora efectivamente el trabajo de Holder y establece el escenario para un nuevo capítulo de la guerra contra las drogas. Citylab habló con cuatro expertos en justicia penal para averiguar cómo podría ser esta guerra a nivel local en las ciudades estadounidenses. Aquí están sus cinco principales conclusiones.

1) La orden les exige a los fiscales estadounidenses perseguir todos los casos de delitos de drogas, violentos o no violentos, desde los capos hasta los vendedores de esquina.

“Lo que [el memorándum de Sessions] dice realmente es que ya no vamos a permitir lo sucedido bajo el memorándum de Holder, que es la discreción en las manos de los fiscales y una advertencia de no ir tras [delincuentes] de bajo nivel. Sessions requiere —es un mandato— que se prueben los cargos del mayor delito demostrable, y eso significa el delito más grave y esos son los que conllevan la mayor pena”, explicó Brett Tolman, ex procurador de Utah y defensor de la reforma penal. “Así, en la práctica, se tienen que tratar todos los casos de la misma forma e imputar el mayor delito demostrable. Ellos no pueden decirlo claramente, pero ése es el efecto práctico”.

Mona Lynch, profesora de criminología en la Universidad de California, Irvine, y autora del libro de 2016 Hard Bargains: The Coercive Power of Drug Laws in Federal Court, explica que esto puede llevar a delitos menores a cortes de mayor nivel. “Hay un montón de casos que se inician con arrestos por parte de la policía local, se enjuician en primer lugar en los tribunales estatales, y luego los fiscales federales deciden atraer los casos. Muchos de esos casos son pequeños. He visto casos en los que medio gramo de crack es la evidencia desde los tribunales estatales hasta los federales. O puede haber casos en que los fiscales federales o los agentes federales están interesados en tratar de obtener información de la persona”.

2) El memorándum de Sessions está dirigido a los fiscales federales que se ocupan de casos federales relacionados con las drogas, pero esto afectará también el procesamiento local de delitos de drogas.

“Lo que hemos encontrado en nuestra investigación durante las últimas décadas es que las personas no han sido encarceladas más [frecuentemente] porque hayan sido arrestadas con mayor frecuencia, o a causa de lo que está haciendo la policía o, ni siquiera, a causa de determinadas leyes. Están siendo encarceladas principalmente a causa de las decisiones que toman los procuradores y fiscales de distritos”, dijo Phillip Attiba Goff, co-fundador y presidente del Centro para la Vigilancia de la Equidad.

De acuerdo a Attiba Goff, las tasas de arrestos no han subido mucho, pero sí lo han hecho (y “enormemente”) las tasas de encarcelamientos. “Hay un par de factores que son realmente importantes. Uno es la enorme expansión de las fianzas excesivas; y el segundo es las perversas estructuras de incentivos para los fiscales de distrito a nivel de condado”.

Para el experto, esta orden es importante porque se está enviando “una señal equivocada”, al motivar a “ser más severo, en lugar de más indulgente” con quienes son más propensos a sufrir consecuencias brutales.

3) No importa si los fiscales locales deciden que no quieren cooperar con los fiscales federales en los casos de drogas.

“Si se tiene una ciudad o estado que desea adoptar un enfoque diferente hacia los enjuiciamientos por delitos relacionados con drogas, si los federales quieren atraer un caso pueden hacerlo”, dijo el exfiscal Tolman. “Es un problema si hay jurisdicciones que tienen un enfoque muy diferente. En el sistema federal no están bien equipados para lidiar con la rehabilitación. Los tribunales que se ocupan de delitos relacionados con las drogas no son tan habituales como en los sistemas de tribunales estatales. Si el estado no quiere que ellos atraigan un caso y un agente de la DEA piensa que ése no es el enfoque correcto, pueden llevarlo a la procuradoría y ellos pueden atraer un caso, independientemente de lo que ocurra en el estado”.

4) La orden de Sessions de que "los fiscales deben revelarle al tribunal sentenciador todos los hechos que afectan las directrices en materia de condenas o las sentencias mínimas obligatorias" hace su directiva aún más problemática.

“El daño añadido es este derecho adicional a revelar todos los hechos ante el tribunal sentenciador. Eso exacerba el problema”, dice Inimai M. Chettiar, directora del Programa de Justicia del Centro Brennan para la Justicia. “Esto significa que los fiscales no pueden evitar las sentencias mínimas obligatorias, incluso en los casos en los que piensan que no están justificadas, porque tienen que revelar ciertos hechos ante el juez que automáticamente van a invocar sentencias mínimas obligatorias. Ésa es una enorme pérdida para los esfuerzos procesales para utilizar la discreción para reducir el encarcelamiento innecesario, y sin duda va a significar más y mayores sentencias obligatorias”.

5) Sí, las ciudades y estados que han despenalizado la marihuana están en peligro.

“Bajo Sessions todas sus señales han sido: ‘No me gusta la marihuana; vamos a perseguir la marihuana’. Él no lo especificó en este memorándum, pero creo que definitivamente es algo que está sobre la mesa”, dice Mona Lynch, autora del libro Hard Bargains, el cual explora el tema de las leyes sobre drogas. “Habrá una lucha muy interesante. No cabe duda de que tienen el poder y creo que, si alguien va a hacerlo, sucedería bajo el Departamento de Justicia con Sessions al frente. Todavía tenemos que ver a quienes van a nombrar como fiscales. Ellos despidieron a todos y aún no han nombrado a nadie, pero eso será muy importante. En California, donde tenemos la marihuana medicinal y ahora la recreativa, un fiscal de alguno de los distritos podría decidir actuar contra algun comerciante local de ese tipo de negocios. Vamos a ver si ocurre o no”.

“El tiempo dirá qué sucederá en esas jurisdicciones, pero aquellos estados con leyes sobre la marihuana legal, ésas son las leyes estatales, no federales”, dice el exfiscal Tolman. “Por lo tanto, si un individuo está siendo investigado y hay que imputarle el mayor delito demostrable, entonces realmente no hay flexibilidad ni discreción. No hay duda de que es una gran preocupación. Es un cambio hacia la política de la década de 1990 sobre la guerra contra las drogas, que dice: ‘vamos a intentar acabar con esto mediante enjuiciamientos’".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.