Es prácticamente imposible que los policías de Chicago paguen por sus abusos

Si existía alguna duda sobre si Donald Trump proseguiría como presidente la cultura policial truculenta en la que basó su campaña, quedó borrada durante su discurso inaugural sobre " la masacre estadounidense". Poco después, todas las menciones de la reforma de la policía en el sitio web de la Casa Blanca fueron reemplazadas por nuevas frase Trumpianas lamentando la "peligrosa atmósfera contra la policía en Estados Unidos".

Muchas personas están temerosas a la espera de lo que sucederá en la práctica durante la presidencia de Trump. Sin embargo, es importante señalar que cuando se trata de instigar la vigilancia policial insensata, muchas ciudades no necesitan ayuda alguna: les va mal por sí solas. Y eso ha sucedido bajo alcaldes demócratas en áreas metropolitanas que no votaron por Trump.

Prueba A: Los hallazgos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de los 13 meses de investigaciones sobre el Departamento de Policía de Chicago (D, por sus siglas en inglés), fueron publicados el 13 de enero. El informe revela un tipo diferente de entorno policial peligroso, uno creado por una cultura de impunidad para los agentes de policía abusivos. A esta cultura se hace referencia varias veces a lo largo de su informe de 164 páginas. Algunos ejemplos:

- "La incapacidad oficial para examinar e investigar el uso de la fuerza ha ayudado a crear una cultura en la cual los agentes esperan hacer uso de la fuerza y no ser cuestionados acerca de la necesidad o idoneidad de ese uso".

- "También hemos descubierto que las investigaciones fracasaron debido a la omnipresente cultura de encubrimiento entre agentes del D, la cual las entidades de rendición de cuentas aceptan como un hecho inmutable, en lugar de algo que hay que eliminar de raíz".

- "Bajo la política del D, los supervisores están obligados a reportar información con respecto a las faltas de los subordinados. Sin embargo, la cultura del D desalienta a los supervisores de reportar la mala conducta de los subordinados".

El Departamento de Justicia deja claro que mucho del comportamiento descrito anteriormente fue propiciado por la propia istración de la ciudad: el Departamento de Policía de Chicago pocas veces investigó los incidentes de tiroteos y uso excesivo de la fuerza, y fue capaz de salirse con la suya gracias a las concesiones que la ciudad hizo al sindicato de la policía. Hay tres formas principales en que la ciudad interferió con la rendición de cuentas de la policía, según el Departamento de Justicia:

1. La ciudad firmó una directiva que requiere que una persona que haya presentado una denuncia contra un agente de policía se reúna personalmente con un investigador con identificación y firme una declaración jurada, bajo pena de la ley, para validar sus acusaciones. La ciudad no iniciaría ninguna investigación oficial sobre ninguna queja sin que antes se hiciera lo anterior.

Esto podría parecer una solicitud benigna, pero los expertos en aplicación de la ley dicen que esto puede tener un efecto paralizante sobre aquellos que hacen esas denuncias.

“Los demandantes, ya sean víctimas o testigos, pueden no saber a dónde ir para presentar una denuncia”, explicó en algún momento el ex Jefe de Policía de Minneapolis Tony Bouza. “Pueden tener dificultades para comunicarse, debido a las barreras lingüísticas, o pueden ser recibidos con hostilidad por parte de los oficiales quienes no desean recibir una queja acerca de un colega. Pueden ser disuadidos de presentar una denuncia mediante amenazas u otras técnicas. Los agentes que reciben quejas pueden formular preguntas que revelan que no le creen al demandante, o pueden preguntar acerca de los antecedentes penales del demandante o cargos que puedan estar pendientes como consecuencia de la detención que dio lugar al presunto incidente de abuso”.

En un año promedio, se rechaza investigar un 40% de las denuncias contra la policía de Chicago porque el demandante no firmó la declaración jurada. Esto no es irrelevante: el Departamento de Justicia determinó que la mayoría de las demandas por mala conducta policial que se resolvía en acuerdos o veredictos en contra de la policía estaban basadas en denuncias que nunca fueron investigadas debido a la falta de declaraciones juradas. Mientras tanto, no se realizó ninguna investigación disciplinaria inicial en más de la mitad de los casos de conducta indebida de la policía desde 2004 que llevaron a la ciudad a pagar más de 500 millones de dólares a las víctimas.

Gráfico realizado con información del Grupo Operativo de Rendición de Cuentas de la Policía de Chicago. En los últimos cinco años, un 40% de las denuncias nunca se investigaron a fondo.

Este requisito de reunirse personalmente con un agente del gobierno y firmar una declaración jurada no se aplica en otros organismos del gobierno de Chicago. No es necesario, por ejemplo, al presentar una queja por discriminación o acoso sexual en la División de Diversidad e Igualdad de Oportunidad en el Empleo de la ciudad. Quizás esto se debe a que se entiende cuán intimidante puede ser reunirse con personas que ocupan puestos de poder, por cualquier razón, y ni hablar de acusar a sus colegas de mala conducta.

Una denuncia presentada de forma anónima no debería ser automáticamente inelegible para mayor investigación. El ‘ código de silencio’ entre los departamentos de policía es de por sí razón suficiente para que se revisen las denuncias anónimas, como señala el informe del Departamento de Justicia. Ese código no fue reconocido en anteriores acuerdos de negociación colectiva entre la ciudad y el sindicato de la policía, pero es probable que surja en la nueva ronda de negociaciones de este año. Así lo explicó en su informe al alcalde el Grupo Operativo de Rendición de Cuentas de la Policía de Chicago en abril pasado:

“El Grupo Operativo ha encontrado que el código de silencio no es sólo una regla no escrita, o un elemento desafortunado de cultura policial del pasado y del presente. El código de silencio está institucionalizado y reforzado por las normas y políticas [del Departamento de Policía de Chicago] que también están incorporadas en los acuerdos laborales entre los diversos sindicatos de policía y de la ciudad. Estos impedimentos para identificar posibles faltas de conducta deben ser eliminados si el D y la ciudad desean ponerle fin a este desafío persistente”.

2. Las investigaciones sobre muchos de los usos de la fuerza policial son discrecionales, en el mejor de los casos. Y las concesiones de la ciudad para con el sindicato de la policía propician esta situación.

Algunas de las quejas contra la policía corren con la suficiente suerte como para ser consideradas para su examen posterior. Pero muchas de estas investigaciones se pueden truncar antes de que se interrogue siquiera a un solo agente de policía, incluso en los casos de presunto uso excesivo de la fuerza y disparo de armas de fuego.

Por ejemplo, la Autoridad Independiente de Revisión Policial [IPRA] (que pronto será reemplazada por la Oficina Civil de Rendición de Cuentas Policial) puede rechazar de plano cualquier queja contra un oficial de policía acusado de esposar a alguien con demasiada fuerza o de derribar agresivamente a alguien durante un arresto. Esto significa que si una situación como ésta, en la que un agente de la policía de Austin estrelló contra el suelo a una maestra afroestadounidense de 26 años, ocurriera en Chicago, su denuncia podría no haber sido atendida nunca.

Olvídese de las quejas de abuso verbal contra la policía: ésas las tiran a la basura por ‘intervención no disciplinaria’, según el informe del Departamento de Justicia. Aunque quizás es prudente ejercer la discreción en casos de fuerza no letal, el Departamento de Justicia señala que aún no hay sistema en vigor en Chicago para investigar las denuncias para determinar si es necesaria una investigación completa.

Cuando se trata del uso de la pistola paralizante, la ciudad queda obligada por la ordenanza local a investigar cada vez que un agente de policía despliega una pistola paralizante, independientemente de si la dispara contra alguien o no. La IPRA es responsable de estas investigaciones, pero a partir de 2010 dejó de investigar "casi todos excepto unos pocos incidentes de uso de las pistolas paralizantes", se lee en el informe. Mientras tanto, la policía de Chicago las ha utilizado aproximadamente 600 veces al año en promedio, una tasa que probablemente aumente ahora que cada oficial de policía de Chicago está entrenado para usarlas.

La IPRA dice que no tiene los recursos para investigar cada incidente de uso de pistolas paralizantes, pero el Departamento de Justicia dice en su informe que esto no es ninguna excusa. “Al colocar sobre la IPRA la responsabilidad de investigar los incidentes de uso de las pistolas paralizantes, y luego no tener la capacidad para garantizar que la IPRA cumpla con lo establecido, la ciudad ha creado un sistema en el cual nadie investiga si las pistolas paralizantes están siendo usadas apropiada o eficazmente”, dice el informe. “Esto, a su vez, impide que la ciudad y el D descubran la necesidad potencial de readiestramiento y perfeccionamiento adicional de las políticas y, por supuesto, que desestimulen en el futuro todo uso indebido de las armas paralizantes al responsabilizar a los agentes de sus abusos”.

La ciudad tampoco investiga cuando la policía dispara sus armas pero reporta no haber dado en el blanco. Sin embargo, estos llamados tiroteos ‘sin impactos’ (no-hit), probablemente deberían ser investigados, dice el Departamento de Justicia, aunque sea sólo para confirmar que realmente nadie resultó impactado por las balas. Debido a que no hay nada en el contrato de la ciudad con el sindicato de la policía que lo requiera, estos incidentes no se investigan.

La Oficina Civil de Rendición de Cuentas Policial entrante está programada para tener poderes ampliados que le permitirán investigar cuando la policía dispare sus armas de fuego, "de una manera que podría impactar a una persona" y después del uso de pistolas paralizantes que resulten en "muerte o graves lesiones corporales".

3. Para las investigaciones donde surja la evidencia de mala conducta de la policía, la ciudad les permite a los agentes de policía aceptar cargos menores para evitar el castigo.

Digamos que una persona que presenta una queja se reune con un investigador, firma las declaraciones jurada, y la acción es lo suficientemente grave que ni la IPRA ni el Departamento de Policía pueden simplemente ignorar un examen posterior según los métodos descritos anteriormente. Hay una buena probabilidad de que aún así la denuncia no se investigue a causa de la sobreutilizada herramienta llamada ‘mediación’ que le permite al policía acusado marcharse sin castigo importante, incluso aunque la víctima sienta que su queja no ha sido resuelta.

En la mediación, un agente de policía acusado puede simplemente aceptar un cargo menos grave relacionado con la denuncia a cambio de evitar la pena más grave. Es esencialmente una negociación de condena. Según el informe del Departamento de Justicia, nunca ha habido una mediación que se iniciara después de que se completara una investigación de la queja. Además, la persona que presentó la queja generalmente queda ‘excluida’ del proceso de mediación.

Como resultado, alrededor de un 65% de todas las quejas entre 2013 y 2015 fueron desestimadas a través de la mediación y la mitad de ellas eran reclamaciones por violencia doméstica o uso excesivo de la fuerza. Uno de esos casos se describe en el informe del Departamento de Justicia:

“Examinamos una queja sobre un agente que le fracturó la nariz a su novia durante una disputa doméstica. En este caso, los investigadores reconocieron la gravedad de las acusaciones y pidieron una anulación de la declaración jurada después de que no pudieron garantizar el acuerdo de la víctima para participar en la investigación, porque la víctima temía represalias por parte del agente y sus amigos dentro del D. Es loable que los investigadores reconocieran la gravedad de la infracción y prosiguieran la investigación sin que la víctima estuviera de acuerdo en participar en la investigación. Pero, al final, los investigadores enviaron el caso a mediación, y el agente recibió sólo cinco días de suspensión”.

Si hay policías que han adquirido un historial de ese tipo de quejas —mediadas, verificadas o de otro tipo— es difícil saberlo porque la ciudad ha reconocido que la mayoría de estos reclamos pueden borrarse del expediente personal de un agente después de cinco años. Esto complica cualquier esfuerzo para identificar a los policías que podrían ser los más problemáticos. Chicago está lejos de ser la única ciudad que permite este tipo de depuración del historial.

¿Qué impacto, si lo hubiere, tendrá la istración presidencial entrante sobre los esfuerzos del gobierno federal para frenar las prácticas de aplicación de ley en las zonas urbanas? Más allá de las cuestiones de financiación, no es seguro que Trump tendrá tanto control. Su fiscal general podría reducir la prioridad de los tipos de investigaciones (y probablemente lo hará) sobre las prácticas de los departamentos de policía que llevaron a los hallazgos de Chicago. Pero a pesar de ello, esas investigaciones —a pesar de su importancia— sólo son respuestas a los patrones de comportamiento de los policías corruptos y, generalmente se realizan sólo después de que se ha hecho ya mucho daño, como se ha podido apreciar en Chicago.

El verdadero trabajo sobre la reforma de la policía sigue estando dentro de las mismas ciudades e incluye limpiar los departamentos de policía antes de que sea necesaria una intervención federal. Y esa labor debe incluir una auditoría sobre cómo las ciudades han permitido los mismos comportamientos que a menudo esperan que el gobierno federal llegue más tarde a limpiar.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.

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