Cien días después, Trump todavía no logra amedrentar a las ciudades santuario
Este sábado marca el día 100 de la presidencia de Donald Trump, un periodo de victorias y frustraciones para el nuevo presidente (el análisis de su éxito realmente depende a quién le preguntas). Cuando hablamos de las ciudades, Trump empezó su campaña y su presidencia declarando una guerra contra las políticas locales, particularmente las de ciudades santuario, aquellas que limitan su cooperación con agentes migratorios federales.
CityLab compiló un calendario de las acciones de Trump acerca este tema desde enero y analizamos cómo va quedando el marcador en este partido entre el gobierno federal y las ciudades santuario.
Amenazas en la campaña
En octubre de 2016, en la recta final de su campaña, Trump publicó su ‘ Contrato con el Votante Estadounidense’, donde destacó sus metas para los primeros 100 días de su presidencia. Entre muchas acciones, Trump incluyó la propuesta de “cancelar todos los fondos federales a ciudades santuario”. Esto implica diferentes riesgos para diferentes ciudades, ya que cada ciudad recibe una cantidad diferente del gobierno federal, pero, para algunas, sería un golpe muy fuerte perder todo ese dinero. En ese entonces, varios expertos publicaron artículos sobre los retos legales que tendría que enfrentar la istración de Trump al tratar de bloquear esos fondos. Muchos de ellos consideraron que sería una acción muy difícil y probablemente ilegal (puedes leer este post de CityLab para una explicación completa de la legalidad de estos acciones). Al menos hasta ese momento, quedaba por saber cómo iba a resolver estos potenciales problemas la istración de Trump.
La orden ejecutiva que trató de cumplir sus promesas
A finales de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que, junto con otras acciones sobre inmigración, ordenó al Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional a “retener fondos federales” a las ciudades santuario, “excepto cuando esté obligado por ley”. Esta fue la primera vez que se puso en papel esta amenaza de campaña, pero en sí no se logró nada concreto. Todavía quedaba por saber cómo los departamentos federales iban a navegar los retos legales de retener fondos.
Aunque la orden no pudo tener efectos inmediatos, sí logró asustar a algunos. Poco después de su publicación, Miami-Dade se convirtió en la primera localidad a cambiar sus políticas debido a las amenazas de Trump. El alcalde aclaró que no quería poner en riesgo tanto dinero federal y por eso ordenó a su departamento correccional que cumpliera con todas las peticiones de agentes migratorios federales. En ese momento, las cosas parecían estar a favor de Donald Trump.
Los vacíos comentarios de Jeff Sessions
El 27 de marzo, el fiscal general Jeff Sessions hizo un anuncio en contra de las prácticas de ciudades santuario, invocando casos de personas que murieron en manos de inmigrantes indocumentados en ciudades santuario o que fueron víctimas de crímenes cometidos por ellos. Sessions también dijo que todas las ciudades pidiendo fondos del Departamento de Justicia iban a tener que cumplir las leyes federales, específicamente la sección 1373 del Código de EEUU. Esta norma dice que las ciudades tienen que proveer información sobre inmigrantes al gobierno federal.
En realidad, esto era exactamente lo mismo que pasaba durante la istración previa y hasta Sessions lo menciona en su anuncio. Si esto es lo único que pueden esperar las ciudades de la istración, es posible que no experimenten efectos negativos mayores por sus políticas de santuario o al menos ninguno diferente de lo que ya existía bajo Obama.
Un duro golpe para Trump desde California
El 25 de abril, la istración de Trump sufrió otra derrota a manos de una corte en California (la primera fue sobre el veto migratorio). Esta vez una demanda fue presentada por el fiscal de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, en contra de la orden ejecutiva que firmó Trump en enero. De acuerdo a Herrera, quitar fondos a las ciudades era una iniciativa ilegal del gobierno federal. El martes el Juez William Orrick, del Distrito Norte de California, le dio la razón: la parte del orden ejecutiva que trató de bloquear fondos a las ciudades santuario quedó suspendida. Este acontecimiento es importante, porque implica que quitar fondos de ciudades de una manera coercitiva resultará ser ilegal.
Es más, el simple hecho de que Trump ha tratado de cambiar todas estas reglas solo está generando problemas para su istración y dejando en claro los límites que tiene el presidente frente a la ley. Así lo explicó mi colega Tanvi Misra en su artículo para nuestro sitio hermano CityLab: “Lo que [el juez de San Francisco] sí dijo es que, aunque el gobierno federal técnicamente puede bloquear estos fondos, no puede hacerlo de la manera descuidada en que lo hicieron en la orden ejecutiva, como un antojo del presidente”. Para condicionar fondos en cumplimiento con la ley, se necesita el respaldo del congreso.
Así también lo explica experto en ley de inmigracion y profesor de Derecho de Georgetwon, Ilya Somin. “En este caso, ninguno de los fondos federales entregados a las ciudades santuario estaban condicionados por el Congreso al cumplimiento de la sección 1373 o otras formas de cooperación con esfuerzos federales de deportación de inmigrantes indocumentados”, explicó Somin al Washington Post. “El presidente no puede imponer estas condiciones por cuenta propia”.
Al menos por ahora, las amenazas de Trump contra las ciudades santuario no se han podido cumplir. De hecho, los únicos efectos de sus órdenes han sido el miedo y la intimidación. El presidente, mientras tanto, parece mantenerse estoico al respecto, algo que parece recordar lo que él dice en su libro El arte de la negociación: "lo peor que puedes hacer cuando estás negociando es parecer desesperado. Eso hace que el otro huela sangre y es entonces cuando estás muerto".
Pero las ciudades deben estar tranquilas (y no caer en la desesperación como pasó en Miami). Probablemente este tema irá hasta la Corte Suprema y queda por saber qué pasará en ese momento. Pero parece que las ciudades santuario tienen, al menos desde un punto de vista legal, un fundamento sólido.
