Chile rechaza una segunda propuesta para una nueva Constitución que había sido redactada por la derecha
Chile rechazó este domingo por un 55.54% una segunda propuesta para una nueva Constitución y decidió mantener el texto actual, heredado de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), de acuerdo al Servicio Electoral (Servel) chileno con más del 76% de los votos escrutados.
La opción de aprobar el nuevo texto, redactado por un órgano en el que la derecha y la ultraderecha tuvieron mayoría, obtuvo el 44.5 % de los votos.
El partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), que apoyó el nuevo documento, fue el primero en salir a reconocer los resultados y su líder, Javier Macaya, dijo que los chilenos "no quieren un cambio constitucional".
Tras una jornada de ocho horas en las que los electores en Chile definían si mantenían la Constitución vigente desde la dictadura de Pinochet o adoptaban un texto todavía más conservador, los votantes chilenos eligieron rechazar la nueva propuesta de Constitución para el país.
La jornada estuvo marcada por la fatiga electoral y la apatía ciudadana que despierta este segundo proceso constituyente. Este intento por tener una Carta Magna que sustituya a la que instauró en 1980 la dictadura arrancó en septiembre de 2022, cuando una contundente mayoría rechazó en otro plebiscito un proyecto escrito por una convención de mayoría izquierdista que proponía un profundo cambio en el modelo de país.
Tanto si se imponía la opción “a favor” y entraba en vigor el nuevo texto como si se rechazaba y se mantenía la Constitución vigente, la intención del gobierno de Gabriel Boric, en los dos años de mandato restantes, es no volver a impulsar un tercer intento de votación.
Qué cambia en la nueva Constitución que rechazaron los votantes
El nuevo texto era más conservador que el que pretendía sustituir tanto en lo moral como en lo económico, ya que profundizaría en los principios del libre mercado, reduciría la intervención del Estado y podría limitar algunos derechos, como los reproductivos.
La nueva propuesta constitucional planteaba que Chile es un Estado social y democrático que “promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales” a través de instituciones públicas y privadas. Sus detractores afirmaban que, aunque hubiese libertad de elección en salud, educación o pensiones, solo podrían escoger quienes tengan poder adquisitivo.
Los colectivos feministas temían que el cambio de redacción de la nueva propuesta para proteger la vida "de quien" está por nacer podría allanar el camino para derogar el aborto en las tres causales aprobadas en 2017 (violación, riesgo de la vida de la madre o inviabilidad del feto). Además, denunciaron retrocesos en materias de servicios sociales o participación política.
La iniciativa también contenía elementos polémicos en temas como la inmigración al consagrar la expulsión de inmigrantes irregulares “lo antes posible”, la objeción de conciencia de instituciones, el derecho de huelga o la exención tributaria del pago de contribuciones de la primera vivienda. Asimismo, el que puedan ser beneficiados con prisión domiciliaria por edad o enfermedad condenados por graves violaciones de derechos humanos.
Por este motivo no dejaba de ser paradójico que fuera la izquierda y el oficialismo la que promoviera mantener vigente la Constitución legada por Pinochet (1973-1990), que ha sido reformada hasta en 70 ocasiones.
Fernando Escudero, un jubilado de 77 años, también se quejaba de que el texto declaraba al agua “un bien de consumo” y no un derecho humano en un país con una fuerte crisis hídrica. “Leí el texto completo, es muy malo, aunque el texto anterior también era muy malo pero tenía cosas rescatables”, opinó.
“Prefiero algo malo a algo pésimo”, dijo después de votar a primera hora la expresidenta Michelle Bachelet que hizo campaña por el "en contra" y la defensa de los derechos de las mujeres.
Un desperdicio de recursos
Ahora, después de reiteradas citas electorales que conllevaron virajes de un extremo a otro del espectro político y del fracaso de todos los sectores políticos en buscar propuestas de consenso, los chilenos solo querían cerrar el tema sea como sea. No se esperaban protestas ante ninguno de los resultados.
“Todo el proceso en sí ha sido una pérdida de recursos para el Estado... una burla", lamentó Johanna Anríquez, una funcionaria de 38, que votó en contra de la propuesta por considerarla “muy extremista”. "Quedémosnos con lo que está y por favor, dedíquense a trabajar en la seguridad” que es lo que más preocupa a los ciudadanos, pidió a los políticos.
Aunque las últimas encuestas daban una ventaja al rechazo al texto, el domingo había incertidumbre por el alto número de indecisos o con opinión cambiante.
Fuese el resultado que fuese, el oficialismo no tendrá mucho que celebrar ya que la ciudadanía se mantiene muy crítica por la creciente inseguridad, que se ha duplicado aunque Chile sigue estando a la cola en criminalidad en la región, y con casos de corrupción vinculados, los más recientes, a uno de los partidos de la coalición oficialista.
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